Abascal no se quiere quedar atrs. Despus de que el Gobierno concediera asilo poltico a Edmundo Gonzlez y de que el PP sacara adelante su proposicin para pedir que se le reconozca como presidente de Venezuela, Vox va ahora un paso ms all: quiere que se embarguen los bienes y las cuentas de “familiares, miembros y testaferros” del rgimen de Nicols Maduro.

El grupo parlamentario ha registrado una proposicin no de ley que pretende instar al Gobierno a localizar todos los bienes de personas afines al rgimen de Maduro que se encuentren en territorio espaol y proceder a su embargo “inmediato”. Tambin pide retirarles el acceso a cualquier cuenta bancaria y las tarjetas de crdito que puedan tener. El Congreso de los Diputados deber someter a votacin esta propuesta, que Vox justifica como una “medida oportuna para conducir al fin de la dictadura criminal” en Venezuela.

En el texto presentado ante el Pleno de la Cmara Baja, la formacin de Santiago Abascal arguye que ya en 2017 la Unin Europea aprob un reglamento que autorizaba el embargo de armas y bienes que pudieran servir para la represin interna en Venezuela. En aquel texto se aprob “la inmovilizacin de fondos y de recursos econmicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represin de la sociedad civil y de la oposicin democrtica”, pero Vox lamenta que esto se ha demostrado “claramente insuficiente” porque personas afines al rgimen de Maduro “han podido sortear” estas sanciones llevando su patrimonio fuera de Venezuela.

As, en el texto registrado en el Congreso, Abascal pide extender las medidas adoptadas entonces por la Unin Europea a todos los miembros de la direccin del rgimen y funcionarios que colaboren en la represin a los opositores Mara Corina Machado y Edmundo Gonzlez y sus seguidores. El grupo parlamentario solicita adems que el Gobierno remita a la Corte Penal Internacional la situacin que vive Venezuela, con el fin de que esta “dicte una orden de detencin” contra Maduro y el resto de dirigentes del rgimen.

Aunque la proposicin saliera adelante respaldada por la mayora del Congreso, esta no sera de obligado cumplimiento para el Ejecutivo de Pedro Snchez, igual que ocurri con la peticin de la Cmara a favor de reconocer a Gonzlez como presidente electo. Esta se aprob el pasado mircoles con los votos a favor de PP, Vox, UPN, Coalicin Canaria y PNV -que propici una nueva derrota parlamentaria del Gobierno– pero, pese a la opinin mayoritaria del Congreso, en la prctica este texto no es vinculante y no puede obligar a Snchez a reconocer oficialmente la derrota Maduro.