El PP reclama al presidente del Gobierno mayor “claridad” en las explicaciones sobre los casos de vigilancia con el sistema ‘Pegasus’

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La comisin de investigacin del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus ha emitido este lunes el informe con sus conclusiones tras ms de un ao de trabajo. En l se apunta a Marruecos como el “posible” responsable del espionaje a los telfonos mviles del presidente del Gobierno espaol, Pedro Snchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por otra parte el informe de conclusiones, que ha sido aprobado por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, asume que fueron las “autoridades espaolas” quienes espiaron a polticos independentistas catalanes, a 18 de ellos con autorizacin judicial, aunque puso en duda la proporcionalidad de las escuchas. “Sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisin de Secretos Oficiales (del Congreso de los Diputados), se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llev a cabo por parte de autoridades espaolas”, seala el informe.

El Gobierno espaol siempre ha defendido en el Congreso de los Diputados que las investigaciones se efectuaron con autorizacin judicial y que est obligado a guardar secreto sobre las mismas.

Tras conocerse las conclusiones de la comisin de investigacin, el Partido Popular ha valorado que el informe pide ms “claridad” al presidente del Gobierno sobre el posible papel de Marruecos en casos de cibervigilancia con el sistema Pegasus. Para el PP, la Eurocmara ha evidenciado la escasa informacin proporcionada por el Gobierno de Espaa sobre el espionaje al telfono de Snchez y le ha pedido “ms claridad y transparencia”.

El texto de la comisin de investigacin recoge que el Centro Nacional de Inteligencia ha reconocido el espionaje a 18 independentistas catalanes -todos ellos con autorizacin judicial-, entre ellos al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragons, o al ex presidente Carles Puigdemont, aunque este ltimo no directamente sino a travs del telfono de su mujer.

“En cuanto a los 18 casos en los que se haba emitido una orden judicial, la legalidad ha sido verificada y confirmada por el Defensor del Pueblo, pero su especialidad, adecuacin, excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad slo puede ser verificada por un tribunal”, seala el informe.

Respecto a los otros 47 individuos vinculados al independentismo que tambin fueron espiados segn el informe de Citizen Lab “sigue sin estar claro si fueron seleccionadas por el CNI con una orden judicial o si otra autoridad recibi rdenes judiciales para seleccionarlas de forma legal”, dice el informe. Aade, adems, que “no ha sido posible evaluar en qu medida” estas 47 personas “constituyeron una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad territorial del Estado”.

Explicaciones limitadas

La Comisin de Investigacin -que viaj a Madrid para analizar el caso espaol- asegura que “Espaa tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardias”, pero al mismo tiempo, dice que las explicaciones que dio la presidenta del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, “fueron limitadas y dejaron muchas preguntas en el aire”.

Puigdemont se abstuvo en la votacin porque, en su opinin, “el informe muestra la gravedad de los hechos, pero desgraciadamente, hace seguidismo del Gobierno espaol”, al afirmar que el sistema judicial espaol es garantista.

Jordi Caas, eurodiputado de Ciudadanos, no pudo votar el informe porque no es miembro de la Comisin, pero afirm que el texto “miente” y se mostr “convencido” de que la ponente del texto, la liberal Sophie in ‘t Veld, “sabe que lo que dice no se puede demostrar” y “que lo que est haciendo es arrojar una sombra de dudas sobre una democracia slida como la nuestra”.

Desde ERC, en cambio, la eurodiputada Diana Riba -que tambin fue espiada- mostr satisfaccin con el texto porque “aborda ampliamente lo que es el Catalangate’y “constata que el marco legal del Estado espaol est obsoleto”.

El eurodiputado del PP y ex ministro del Interior Juan Ignacio Zodio, vot a favor del texto porque, entre otros motivos, “niega las acusaciones del secesionismo cataln y que estos polticos secesionistas hayan sido vctimas de ningn abuso, pues las declara objetivo de vigilancia por motivos de seguridad nacional”, segn dijo en un comunicado.