En el Gobierno cerraron este viernes de golpe la puerta a una posible asuncin compartida de responsabilidades por la fuga de Carles Puigdemont tras pronunciar un discurso en Barcelona anunciado con un da de antelacin y retransmitido en directo por televisin. “Todo el operativo policial corra a cargo de los Mossos, que son la polica competente”, trat de zanjar el ministro de Presidencia y Justicia, Flix Bolaos, que eludi responder a la cuestin concreta de si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debera haber actuado ante el regreso a Espaa de un prfugo de la Justicia sobre el que pesa una orden de arresto por malversacin de caudales pblicos en la organizacin del referndum ilegal de Catalua en 2017.

Para el PP, en cambio, la “negligencia” en el dispositivo de seguridad que facilit que el ex president de la Generalitat volviera a Blgica -donde ha residido durante los ltimos seis aos y 10 meses- sin ser detenido debe conllevar el “cese fulminante de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, sobre los que a partir de ahora va a intensificar su presin poltica. “Lo de ayer [por el jueves] es incalificable y no puede quedar impune”, advirti el lder del partido, Alberto Nez Feijo, en un mensaje de X, en el que tambin solicit la “comparecencia urgente” del presidente.

El principal grupo de la oposicin formaliz esa peticin para que se convoque una sesin extraordinaria del Pleno del Congreso en la que Pedro Snchez “explique las razones por las que un prfugo de la Justicia pudo pasearse por Barcelona, incluso celebrar un acto pblico, sin que se procediera a su detencin, a pesar de tener una orden de arresto cursada por el Tribunal Supremo”, y “las acciones que haba emprendido su Gobierno para evitarlo”.

Por un lado, los populares quieren poner el foco en la responsabilidad en esta huida que podra atribursele a Grande-Marlaska, uno de los miembros del Ejecutivo ms cuestionados, de quien depende el control de fronteras. Entre las polmicas que han salpicado al ministro del Interior desde 2018 est la imposicin de 600.000 sanciones por incumplir las restricciones del estado de alarma del Covid, que el Constitucional acab eliminando; la negacin de que hubiera habido muertos en suelo espaol -como luego se comprob- en el salto de la valla de Melilla de 2022 en el que fallecieron al menos 23 inmigrantes; y la destitucin y posterior reincorporacin por orden del Supremo de Diego Prez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, apartado por no informar sobre un caso polticamente delicado en el que la juez peda reserva.

Respecto al CNI, en Gnova consideran que “no cumpli su funcin fundamental”, ya que, tal y como adelant EL MUNDO, no estaba ejerciendo ningn control o vigilancia sobre Puigdemont, y entienden que fue porque “Snchez as lo ha querido”. Por eso elevan el nivel de exigencia de responsabilidades a la cpula de Defensa, donde estn adscritos los servicios de inteligencia, personalizndolo en Robles, que ya tuvo que afrontar una crisis en relacin con este organismo por el espionaje telefnico a polticos -entre ellos varios lderes independentistas- con Pegasus que se sald con la destitucin de su directora, Paz Esteban, para poder calmar a los socios del Gobierno.

En Moncloa se afanaron este viernes en obviar la performance permitida” -en palabras del PP- del lder de Junts. “Un episodio que no aport nada a la sociedad catalana no puede servir para que nos olvidemos de que lo que se produjo [con la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat] es superar una dcada perdida en Catalua, de enfrentamiento estril y donde hubo un fracaso colectivo”, despej Bolaos.