Las religiosas clarisas de Belorado (Burgos) y Ordua (Bizakai) solicitan ayuda econmica o en especie a travs de las redes sociales ante el “bloqueo” de las cuentas por parte del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que como comisario pontificio ha asumido su control y, segn denuncian, les impide el acceso para las gestiones ordinarias.

En un nuevo mensaje a travs de Instagram, de su cuenta @tehagoluz, las monjas han insistido en que Iceta les ha bloqueado el acceso “al fruto de su trabajo diario”, con la connivencia de las entidades bancarias, que “parecen haberse guiado ms por la confusin meditica que por la lgica y la legalidad vigente”, han lamentado.

El control de las cuentas, que el Arzobispado de Burgos justifica en las funciones encomendadas a Iceta por la Santa Sede en cuanto comisario pontificio, a la vez que asegura que no estn bloqueadas sino intervenidas, no afecta a la cuenta desde la que se realizan los pagos peridicos para las obras del monasterio de Ordua, han indicado la religiosas.

Al resto no tienen acceso desde hace varios das, lo que las imposibilita para comprar los productos bsicos, como alimentos y materiales de cuidado de las ms mayores, y tambin la materia prima para su obrador, el alimento para sus animales de granja, el pago de nminas y el resto de pagos para mantener el monasterio.

“Don Mario, que detenta el control de las cuentas corrientes, pretende que le solicitemos a l nuestro dinero, lo que supondra, de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpacin”, han insistido, al tiempo que afirman que sus empleados estn teniendo que acudir al Arzobispado para “reclamar por derecho lo que les pertenece”.

Una situacin que ha llevado a las religiosas a pedir, en esa red social, colaboracin econmica, en especie o a travs de la difusin del mensaje, que incluye un nmero de cuenta “no usurpada” a nombre de la ex abadesa.

El nombramiento de Iceta como comisario pontificio le ha otorgado plenos poderes sobre el monasterio, tanto religiosos como patrimoniales y administrativos, lo que ha llevado a asumir la tutela de las cuentas, si bien fuentes del Arzobispado insisten en que las monjas pueden solicitar lo que precisen a travs de la Federacin de Clarisas de Nuestra Seora de Arnzazu.

Seguridad privada ante el “todo vale”

Por otra parte, la comunidad religiosa ha indicado que se plantean la necesidad de contratar los servicios de seguridad privada para “garantizar en lo posible su integridad fsica y la conservacin del patrimonio” pues, ante el revuelo meditico generado por su caso, se ha creado un “todo vale”.

Denuncian el lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos e intrusiones en el permetro, adems de cmaras ocultas y “acoso” de los periodistas a todo el que entra y sale del recinto, un acoso que les llev el pasado martes a llamar a la Guardia Civil.

Las monjas han vuelto a insistir en que “no entiende que una declaracin pblica y expresa de abandono de la Iglesia, no tenga el efecto inmediato de su exclusin del mbito de aplicacin del Cdigo de Derecho Cannico”, en referencia al manifiesto catlico y la carta que hicieron pblica hace justo un mes.

Mientras, en el Arzobispado de Burgos continan a la espera de que la notario confirme que las religiosas no han entregado una copia de las llaves del monasterio, como se les requiri el pasado jueves, y de que acudan a la convocatoria del Tribunal Eclesistico para reafirmarse en su decisin de salir de la Iglesia, lo que conllevara su excomunin, o retractarse.