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La proposicin de ley de amnista acordada por el PSOE con las formaciones independentistas y nacionalistas borra la responsabilidad de todos los actos que estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a la consulta celebrada en Catalua el 9 de noviembre de 2014 y al referndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales. En concreto, abarca todos los actos “que se hubieren realizado entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023”.
De esta forma, aunque no se incluyen nombres propios ni mencin a casos concretos, la medida de gracia se aplicar no solo a los lderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino tambin a los directores de colegios donde se instalaron las urnas del 1-0 y tambin a los agentes policiales que actuaron durante la jornada de votacin, adems de a los encausados por participar en las acciones de los CDR y de Tsunami Democrtic. En total, se estima que se podrn beneficiar 309 encausados y 73 agentes. El partido de Pedro Snchez plantea esta iniciativa presentndola como un paso decisivo y necesario en pro de “un inters superior: el de la convivencia poltica”.
Adems, hace una referencia implcita al caso del ex president de la Generalitat que se refugi en la ciudad belga de Waterloo para eludir la accin de la Justicia al sealar que “quedarn sin efecto las rdenes de busca y captura e ingreso en prisin de las personas a las que resulte de aplicacin esta amnista, as como las rdenes nacionales, europeas e internacionales de detencin”. Tambin establece que las decisiones judiciales para el cumplimiento de la ley se adoptarn “con carcter preferente y urgente, cualquiera que fuera el estado de tramitacin del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate”, y “en el plazo mximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrn efectos suspensivos”, lo que en la prctica blinda que los tribunales no puedan frenar el regreso inmediato del lder independentista.
“La amnista abarca no slo la organizacin y celebracin de la consulta y el referndum, sino tambin otros posibles ilcitos que guardan una profunda conexin con los mismos, como pueden ser los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebracin o mostrar oposicin al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo tambin la asistencia, colaboracin, asesoramiento o representacin de cualquier tipo, proteccin y seguridad a los responsables, as como todos los actos objeto de la presente ley que acreditan una tensin poltica, social e institucional que esta norma aspira a resolver”, precisa el texto, de 23 pginas, que ha sido registrado presencialmente esta tarde en el Congreso nicamente con la firma del PSOE.
Lo que no incluye la proposicin de ley es la mencin explcita al concepto lawfare, que vendra a justificar que hubo persecucin judicial por motivos polticos en el mbito del procs, una palabra que s figura en el pacto para la investidura de Snchez suscrito entre el PSOE y Junts y que ha desencadenado una oleada de protestas por parte de colectivos judiciales y profesionales de todo tipo. La Unin Europea ha advertido, a su vez, que actuar “de forma implacable” si se plantea cualquier modificacin que suponga una revisin por parte del poder poltico de las decisiones de los tribunales, aunque en la proposicin de ley tampoco se mencionan las comisiones de investigacin en el Parlamento sobre sentencias judiciales que s se incluyen en dicho acuerdo poltico.
Aunque la intencin del PSOE era que el texto llevara la firma de todos sus socios de investidura, finalmente lo ha registrado en el Congreso a las 17.57 horas -tres minutos antes del cierre- nicamente con la suya y sin que haya sido ningn miembro del grupo parlamentario el que haya realizado el trmite, lo que ha llevado a la confusin inicial de que poda no haberse presentado de forma presencial. Fuentes del PNV han indicado posteriormente que lo han revisado y que, “en lneas generales” estn “de acuerdo”, pero que no han aadido su rbrica porque “las partes negociadoras no lo han requerido”, un extremo que los socialistas no han confirmado.
Justificacin
El texto insiste en su exposicin de motivos en que la amnista es “un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar respuesta adecuada ms de 10 aos despus del comienzo del proceso independentista” y rechaza que con ella, las Cortes Generales estn “invadiendo otros espacios”. Bien al contrario, argumenta, que el Parlamento “asume la mejor va de las posibles para abordar, desde la poltica, un conflicto poltico” y se precia de renunciar al ejercicio de la punitividad “por razones de utilidad social” y en pro de “un inters superior: la convivencia poltica”.
La ley de amnista se presenta como un medio para “abordar circunstancias polticas excepcionales que, en el seno de un Estado de Derecho, persigue la consecucin de un inters general, como puede ser”, explica, “la necesidad de superar y encauzar conflictos polticos y sociales arraigados, en la bsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesin social, as como de una integracin de las diversas sensibilidades polticas”.
La iniciativa insiste en que la amnista no es una figura jurdica novedosa en Espaa pero los precedentes que cita son preconstitucionales. Igualmente cita los casos de otros pases en los que sus respectivas constituciones s la recogen, a diferencia de Espaa en la que no est prevista en la Carta Magna.
5 aos para pedirla
Las personas que se pueden beneficiar de esta medida de gracia tendrn que solicitarlo en un plazo mximo de cinco aos. La norma especifica, adems, que “no dar derecho a percibir indemnizacin alguna, ni dar lugar a la restitucin de las cantidades abonadas en concepto de multa o sancin, ni exonerar la responsabilidad civil frente a particulares”.
Tras negar hasta la vspera de las elecciones del 23-J que la amnista tuviera encaje en la Carta Magna, el texto elaborado por el PSOE a instancias de los partidos independentistas explicita que “lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia espaola y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que est representado todo el pueblo espaol, titular de la soberana nacional”. “De esta manera, a quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada conducta se le reconoce, en lgica consecuencia, la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros lmites que los que directamente dimanen de la Constitucin”, argumenta el texto.
Actos amnistiados
Los actos que quedarn amnistiados segn la proposicin son todos aquellos cometidos con la intencin de reivindicar, promover o procurar la secesin o independencia de Catalua as como los que hubieran contribuido a la consecucin de tales propsitos. Esto incluye: usurpacin de funciones pblicas; malversacin; convocatoria, promocin o celebracin de las consultas declaradas ilegales; desobediencia cualquiera que sea su naturaleza; desrdenes pblicos; atentado contra la autoridad; prevaricacin as como los actos contra el orden y la paz pblica.
La ley establece que los rganos judiciales competentes “ordenarn la inmediata puesta en libertad” de quienes estuvieran presos as como “la eliminacin de antecedentes penales derivados de la condena por el acto delictivo amnistiado”.
Quedarn, adems, sin efecto “las rdenes de busca y captura e ingreso en prisin” de las personas fugadas, as como “las rdenes nacionales, europeas e internacionales de detencin”. Tambin quedarn inmediatamente alzadas las medidas cautelares que se hubieran adoptado respecto a las personas beneficiadas por la amnista, “incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestin de inconstitucionalidad contra la presente ley”.
El texto precisa tambin que se “reintegrar en la plenitud de sus derechos activos y pasivos a los empleados pblicos sancionados o condenados, as como a la reincorporacin de los mismos a sus respectivos cuerpos”, aunque no tendrn derecho a recibir ningn sueldo por el tiempo en que no hubieran prestado servicio.
La aprobacin de la proposicin de ley implicar adems la reforma del apartado 1 del Cdigo Penal para incluir que la responsabilidad criminal se extingue, adems de por las causas ya previstas en la ley, “por la amnista o el indulto”. Tambin implica modificar el artculo 39 de la Ley orgnica del Tribunal de Cuentas para estipular que quedarn exentos de responsabilidad quienes hubiesen cometido actos que hayan sido amnistiados.
Una ley “impecable”
En una rueda de prensa en el Congreso, el ministro de la Presidencia en funciones ha afirmado que el texto es “impecable desde el punto de vista constitucional” y “un paso de gigante para la convivencia y el reencuentro en Catalua”. “Utiliza una herramienta, quiz la ms poderosa que tiene la democracia, como es una ley de amnista precisamente para cerrar heridas y tambin para superar de una vez por todas un conflicto que hemos sufrido desde hace ms de una dcada”, ha recalcado Flix Bolaos, que ha asegurado tambin que de esta forma “nuestro pas va a ser ms habitable”.
Lo que no ha querido explicar por qu el texto de la proposicin que, segn ha dicho, tiene un “amplio consenso” entre los socios de investidura slo lleva finalmente la firma del PSOE. Hasta hoy el propsito de Pedro Snchez es que fuera rubricado tambin por todos los partidos que han comprometido su voto afirmativo a la reeleccin del presidente del Gobierno en funciones -Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG- salvo Coalicin Canarias, que se haba desmarcado.
Desde el espacio poltico que lidera Yolanda Daz indican que para ellos era “importante” que el texto fuera rubricado por todos los grupos que previsiblemente apoyarn la amnista en el Congreso. “Como lamentablemente no ha sido as hemos preferido no firmar”, sealan fuentes del grupo parlamentario que indican que, en todo caso, es “una formalidad” y que lo fundamental es que “salga adelante”.
Bolaos ha precisado que la amnista no slo beneficiar a los lderes del proceso independentistas, sino tambin a “personas que no han tenido protagonismo pblico pero que tambin han podido cometer actos delictivos”: como directores de colegio, funcionarios, bomberos y policas. “Las consecuencias que tendr la ley son para aquellos que ya han tenido un proceso judicial o administrativo que ha concluido se cancelarn esos antecedentes y esas inhabilitaciones y para aquellos que tengan un proceso judicial que est abierto pondr fin a esos procedimientos: es decir, vamos a devolver a la poltica, lo que nunca debi de salir de la poltica”, ha remarcado.
Adems, el ministro de la Presidencia en funciones no ha cerrado la puerta a que la amnista afecte a casos como el de la dirigente de Junts, Laura Borrs, condenada por trocear contratos, o el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ser juzgado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, dos de las personas del crculo del ex president a las que el independentismo ha sealado tradicionalmente como vctimas de una persecucin judicial injusta. “Tienen que ser los tribunales quienes juzguen si los casos concretos de personas a las que usted se refiere, u otras, estn dentro de esta amnista”, ha respondido a preguntas de los periodistas en el Congreso.
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