La Junta de Andaluca y el Gobierno han pactado este mircoles cambios en el polmico decreto ley de simplificacin administrativa que este lunes sembr la discordia entre ambas administraciones e hizo peligrar el gran acuerdo sobre Doana que se firm el pasado noviembre.

El Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, ha sealado que ha sido “muy fcil” llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central tras el encuentro “cordial y breve” mantenido este martes al medioda por los equipos de ambas administraciones para analizar dos artculos -los 242 y 244- del decreto ley de simplificacin administrativa. Estos artculos podan abrir la puerta a una posible conversin en suelos agrcolas de otros forestales. Por ello, ambas administraciones han acordado una nueva redaccin, que limita los casos en los que se puede abordar esta reconversin.

El texto acordado excluir de esta posibilidad a las superficies que hayan sido retornadas a usos agrcolas por sus titulares con anterioridad a la entrada en vigor del texto, y a las que estn en montes pblicos, en montes catalogados de utilidad pblica o en cualquier clase de dominio pblico.

El acuerdo entre la Junta y el Gobierno llega despus de que esta lunes, como viene informando EL MUNDO, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transicin Ecolgica, Teresa Ribera, ordenara suspender las reuniones sobre Doana previstas en Sevilla con alcaldes de la zona, equipos tcnicos y organizaciones agrarias.

Ribera suspendi los encuentros despus de que el PSOE andaluz denunciara que, entre las ms de 500 pginas del decreto ley de simplificacin administrativa, haba un par de artculos que amparaban la declaracin como cultivables de suelos forestales en la Corona Norte de Doana, como pretenda la polmica ley sobre los regados en el entorno del parque natural que iba a aprobar el Parlamento andaluz. Esta ley qued descartada tras el acuerdo entre la Junta y el Gobierno del pasado noviembre.

La Junta neg que el decreto ley pretendiera declarar como cultivables suelos forestales en Corona Norte de Doana. Puntualiz que su normativa busca la adaptacin de la legislacin forestal andaluza a la estatal, algo que “conoce el Ministerio desde hace mucho tiempo e incluso el texto se ha tratado con ellos en diversas reuniones”, segn la Junta, que remarc que la administracin andaluza “no acta en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie“.

La modificacin de los dos artculos del decreto ley de simplificacin administrativa se incluir con efectos a partir del 17 de febrero de 2024. Este decreto ley ya ha sido publicado en el Boletn Oficial de la Junta (Boja).

Una “rectificacin”

Mientras, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha valorado este mircoles que la Junta haya rectificado “en toda regla” parte de su decreto ley de simplificacin administrativa, despus de la denuncia pblica que hicieron los socialistas andaluces este lunes.

“Hemos conseguido evitar, por segunda vez, que el PP abra la puerta a una nueva amenaza a este espacio natural. El Gobierno andaluz ni siquiera se molesta en explicar la rectificacin en toda regla que ha acordado con el Gobierno de Espaa respecto al decreto de simplificacin que, con soberbia absoluta, pretende aprobar esta tarde en el Parlamento”, ha dicho Espadas.

Parlamento andaluz

Pese al acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno, Doana y el decreto de simplificacin administrativa han provocado una gran polmica este mircoles en el Parlamento andaluz, donde est previsto que quede convalidada esta norma.

Los populares cuentan con el apoyo de Vox para convalidar el decreto ley y el rechazo de toda la izquierda. El PSOE andaluz ha anunciado, incluso, que interpondr recurso ante el Tribunal Constitucional.

Durante el pleno en el Parlamento andaluz, el portavoz del Grupo Socialista en Presidencia, Josele Aguilar, ha criticado que el Gobierno andaluz “haya colado de tapadillo” en el decreto de simplificacin administrativa que un particular pueda sustituir el informe urbanstico de un funcionario por el de un profesional privado contratado por l mismo, algo que ya se intent con la Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andaluca) y que supone “una ilegalidad”.

Aguilar ha explicado que el artculo 117 de este decreto plantea que las entidades urbansticas certificadoras privadas puedan emitir informes o certificados que “puedan surtir efectos equiparables al informe tcnico en los procedimientos de intervencin administrativa sobre la actividad de edificacin, en los trminos establecidos reglamentariamente”.