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La detencin de un joven interno magreb en el tejadillo de uno de los patios de la crcel de Martutene (San Sebastin) ha destapado los problemas de “inseguridad”, la sensacin de “dejadez” y el “hartazgo” de los funcionarios que cuidan de los ms de 270 internos encarcelados, una veintena de ellos etarras. “Es un centro desbaratado”, reconoce uno de los cargos intermedios de este centro gestionado desde octubre de 2021 por el Gobierno vasco. El equipo de la nueva consejera de Justicia, Mara Jess San Jos (PSOE), minimiza las crticas de los trabajadores aunque reconoce la “sobreocupacin” de una obsoleta prisin inaugurada en 1948.
Martutene o Martu -renombrada por el Gobierno vasco en octubre de 2021 como Centro Penitenciario de Guipzcoa– apura sus ltimos meses envuelta en la tensin y con incidentes de inseguridad. Un video grabado el pasado 1 de agosto por una vecina desde su ventana muestra cmo tres funcionarios necesitaron utilizar frgiles escaleras de mano para capturar a un preso que, burlando las medidas de seguridad, se haba encaramado al tejadillo de un edificio de la prisin. Compaeros de los funcionarios sitan este incidente -el mismo interno ha protagonizado varios- como muestra de los problemas de inseguridad generados por la alta ocupacin del centro, la falta de medios materiales y la escasa preparacin y nula experiencia de los funcionarios interinos que el PNV fue incorporando deprisa y corriendo para contrarrestar la falta de personal.
“Los funcionarios corremos peligro”, advierten responsables de equipos de trabajo interno. Un peligro multiplicado por el incremento de los entre 170 a 180 presos que como media cumplan condena en sus celdas hasta 2021, cuando ahora se contabilizan por encima de los 270 internos sin contar los que cumplen en semilibertad. Una “sobreocupacin” reconocida por el nuevo equipo de Justicia y que achaca a la peticin que realizan presos con arraigo en el Pas Vasco que en los ltimos aos han solicitado el traslado pero que no han contado con las ventajas de ser miembros de ETA.
El trato especial dispensado a los etarras -una veintena en Martutene- se concreta en el uso de celdas individuales o, en contadas ocasiones, con dos camas mientras el resto de internos ya estn utilizando celdas de cuatro internos; otra circunstancia que eleva la peligrosidad para los funcionarios encargados de la tarea de vigilancia en este centenario recinto. “Los veteranos estn vendidos”, advierten desde el interior de la prisin ante los problemas de seguridad que el Departamento de Justicia niega. La presencia de hasta cuatro presos -agrupados por nacionalidades o vnculos culturales y religiosos- genera temor en los funcionarios “veteranos” que, especialmente en los turnos de noche, son reclamados por los presos y deben acceder a estas celdas. “Lo lgico es que el nmero de funcionarios sea mayor al de presos que estn en cada celda pero hay noches que ni reuniendo a todos los vigilantes se puede contar con esta medida de seguridad”, advierten.
La gestin del PNV de las crceles de Martutene, Zaballa (lava) y Basauri (Vizcaya) dej de lado las necesidades de personal y en los casi tres aos de gestin autonmica se ha parcheado la carencia de medios en la plantilla con el pago de peonadas (horas extras), un controvertido concurso de traslados y la incorporacin de decenas de funcionarios interinos. Jvenes con dos semanas de formacin con los que el Gobierno vasco aspira a conformar un cuerpo de funcionarios propios para lograr un “modelo penitenciario vasco” que, de momento, es casi idntico al del resto de Espaa.
Beneficios de los presos etarras
Las dos diferencias ms notables tienen como protagonistas al centenar de etarras que cumplen sus condenas en Euskadi. Adems de contar con la tutela de una comisin de representantes institucionales de EH Bildu y del apoyo de Sare y Etxerat, los etarras tienen garantizadas las actividades de trabajo, controlan la agenda cultural y deportiva y acumulan permisos extraordinarios de salida sin escolta policial. El traslado a Martutene de Asier Oiarzabal -jefe de ETA entre 1996 y 2001- desde Francia anticipa el camino que van a seguir los ltimos cinco etarras que an cumplen sus condenas en suelo francs.
En un documento remitido a la direccin del centro el pasado 4 de agosto, funcionarios a ttulo individual y el sindicato CSIF reclaman medidas de seguridad y afean al Gobierno vasco “inversiones de alto costo y de dudosa utilidad”. Los trabajadores observan indignados que el Ejecutivo autonmico comprara 1.300 televisores para los presos cuando ellos denuncian la falta de walkies con los que estar comunicados en el interior de la prisin. En Martutene, hay 150 pantallas de 40 pulgadas para presos, mientras los funcionarios aseguran que sus walkies no funcionan ni pueden llamar al exterior salvo desde despachos de los jefes de servicio.
Un cierre sin fecha a la espera de la nueva crcel
“Estamos jugando con la suerte”, advierten trabajadores con ms de 20 aos de experiencia en centros penitenciarios. Una “suerte” que se quiebra ante decisiones organizativas como la concesin de permisos para estar fuera de las celdas despus de cada comida, un tiempo utilizado por los funcionarios para almorzar y que provoca que se mantenga una vigilancia mnima. El control preventivo continuo es “imprescindible” ante una poblacin reclusa en la que cada vez tienen ms protagonismo jvenes de origen magreb sin arraigo y con graves problemas de drogadiccin. Uno de cada tres internos de Martutene ya responde a este perfil y la ex consejera Beatriz Artolazabal (PNV) ya advirti en 2023 de esta realidad que agrava la tensin y los enfrentamientos entre los internos. Las reclamaciones directas de funcionarios y a travs de los sindicatos no han encontrado, de momento, respuesta. El Departamento de Justicia no pone fecha para el cierre de Martutene aunque s asegura que ya se est equipando el centro de Zubieta; una nueva crcel con una capacidad para 500 presos.
“Abrir un centro es un reto complejo y largo cuando tienes personal, pero hacerlo en estas condiciones es un grave riesgo”, apuntan trabajadores con experiencia en aperturas de prisiones en el resto de Espaa. El Ministerio del Interior entregar al Gobierno vasco la prisin de Zubieta cuando finalice la instalacin de los equipamientos y un grupo de mantenimiento de la prisin conformado por tcnicos y presos de confianza deber comprobar durante semanas que toda la instalacin funciona sin problemas antes de afrontar el traslado de los internos.
La consejera socialista San Jos ha decidido renovar el equipo en las prisiones vascas al sustituir al juez Jaime Tapia como asesor de poltica penitenciaria por la tambin magistrada Ins Soria. Adems, Jos Mara Bastos ya ha sido nombrado director de Justicia tras desempear el puesto de responsable del Programa de Anlisis e Inspeccin de Centros Penitenciarios. Juan Carlos Romero es el nuevo director general de Aukerak (Oportunidades), la agencia constituida por el PNV para gestionar las prisiones sin crear un rea especfica de Instituciones Penitenciarias. Hasta ahora era el responsable del Instituto de Reintegracin Social de Euskadi, una de las ONG que trabajan con la administracin vasca en materia penitenciaria.
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