La Fiscala Provincial de Madrid solicita tres aos de prisin para el hombre que acos e insult con un altavoz durante siete meses en 2020 al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a la exministra de Igualdad Irene Montero en su vivienda de Galapgar y publicar esas acciones en las redes sociales. El Ministerio Pblico tambin reclama que el acusado no se acerque a los afectados durante dos aos y que abone una multa de 13.800 euros. El juicio se celebrar el prximo lunes en el Juzgado de lo Penal nmero 14 de Madrid. Montero e Iglesias consideran que el dao sufrido “alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 28 de Collado Villalba (Madrid) decret en septiembre de 2021 la apertura de juicio oral contra Miguel ngel F. D. por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos.

La acusacin particular ejercida por Pablo Iglesias e Irene Montero solicita en total un ao y medio de crcel, multa de 9.000 euros e indemnizacin de 20.000 euros por daos morales por un delito de coacciones continuadas, un delito de acoso continuado, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelacin de secretos.

En la querella que dio origen al proceso la exministra y el exvicepresidente del Gobierno relataban una serie de episodios ocurridos entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020 en su domicilio, donde se sucedieron protestas a diario de las que el acusado se declar “instigador” en su cuenta de Twitter.

Escrito de acusacin

La Fiscala relata en su escrito de acusacin que Miguel ngel se dedic durante siete meses a enfocar su malestar por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus en las figuras de esos dos polticos y de sus tres hijos de corta edad, y por eso estuvo acudiendo a las inmediaciones de su domicilio en Galapagar “donde en un principio se limit a sumarse a las concentraciones diarias que se producan al final de la tarde por parte de algunos ciudadanos”.

“Pero en pocos das increment su actividad, comenzando a portar un aparato de msica con altavoces en el que se reproduca con el volumen alto el himno nacional y a proferir gritos dirigidos al vicepresidente segundo, denominndole ‘chepas’, ‘garrapata’, o diciendo ‘no vamos a parar hasta que os vayis a Venezuela'”, y haciendo caceroladas. Varios das de junio llev pancartas con leyendas como “Pablo Iglesias… hijo de terrorista” o “Irene Montero, Ministra analfabeta cuyo mrito es tener las rodilleras gastadas”.

El 12 de julio logr acceder a la parte trasera del inmueble, subirse a una roca y “saltando los obstculos visuales que suponen la existencia del muro perimetral que rodea a la vivienda y su vegetacin, que alcanzan los tres metros de altura”, vio parte de la vivienda “hasta que fue sorprendido por los ocupantes de la vivienda, invadiendo la intimidad de los mismos“. Ya en octubre trat de acercarse a Pablo Iglesias y a sus hijos, gritando “felicidades, hijo de puta”, segn la agencia Efe.

“Toda esta actividad del acusado impuso a don Pablo Iglesias y doa Irene Montero una alteracin de su vida familiar diaria y sus actividades derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de nios de corta edad, as como limitacin de movimientos en compaa de los menores por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos”, aade el escrito.

La Fiscala detalla que al acusado se le tramitaron hasta julio de 2020, en meses de plena pandemia, un total de 33 denuncias administrativas por saltarse el estado de alarma, puesto que su domicilio estaba en la localidad de Brunete, y por intentar sobrepasar los lmites del permetro de seguridad que se montaba en torno al domicilio de la pareja.

Tambin se tramitaron nueve por infringir la normativa de ruidos, y otras por no llevar mascarilla, pero a pesar de todo ello “no ces de insistir en sus intentos de buscar la cercana con los all residentes y comunicarles su aversin, siendo plenamente consciente de los cargos que ostentaban y de la presencia de menores de corta edad”. Hasta que el 29 de diciembre de 2020 un juzgado de Collado Villalba acord la medida cautelar de prohibirle que se acercara a las vctimas.

Montero e Iglesias consideran que lo ocurrido ha supuesto una “grave perturbacin que han sufrido de forma injustificada y antisocial por el procesado en un momento clave y muy difcil por su complejidad y por ser indito como ha sido y es la pandemia que lamentablemente azota a nuestro pas, siendo ajeno a la legtima protesta y encuadrndose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia”.

Y argumentan que “est excluido de la legtima protesta y de la libertad de expresin, el mero insulto, el hostigamiento con trminos insultantes y el continuo acoso ajeno a protesta y reclamacin ms all de la del acoso a quienes considera enemigos polticos”.

El dao sufrido, exponen, “alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cmo no podan desarrollar su vida en privacidad”. Los querellantes solicitaron en su da al juez que al acusado abonase una fianza de 20.000 euros para asegurar la posible responsabilidad civil.