La Fiscala identificar a aquellas “personas de la Direccin General de Proteccin de la Infancia del Gobierno de Canarias” que se amparen para no acoger en sus centros a nios llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la comunidad autnoma e investigar si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.

En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, Mara Farns Martnez, da instrucciones a todos los fiscales de las islas sobre cmo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento “la negativa de la Direccin General de Proteccin de la Infancia” a la acogida de un menor inmigrante en un centro de la comunidad autnoma si este ha sido “debidamente reseado” conforme al protocolo nacional de 2014.

El Gobierno regional de Canarias oficializ este jueves un protocolo que resume su postura en su pulso legal abierto respecto a la tutela de los menores llegados en patera: no los aceptar en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignacin individualizada.

La red de menores de Canarias lleva meses desbordada por la continua llegada de pateras y cayucos al archipilago y el bloqueo de la reforma legal que pretenda distribuir de forma obligatoria su acogida entre todas las regiones espaolas, en vista de que los traslados voluntarios pactados no han funcionado.

Sobre el nuevo protocolo publicado por el Gobierno canario para realizar la acogida de menores migrantes se ha pronunciado este viernes el presidente autonmico, Fernando Clavijo, quien ha sealado que est orientado para “garantizar la seguridad de los nios” pues “no era normal que sin tomar huella, fotografa o identificar los nios fuesen entregados a una ONG, ni siquiera a la comunidad autnoma”.

Segn Clavijo, “no era normal que nios susceptibles de asilo poltico maliense no fuesen entendidos y no se les activase el protocolo”. Por ello, y en vistas de que la situacin migratoria “se va a convertir en ordinaria y es estructural”, se trata de “dotar de seguridad” para que los menores estn protegidos bajo la custodia o la atencin inmediata de una administracin pblica.

“Est hecho con toda la buena intencin. Nos hubiese gustado, de alguna manera, haber tenido ms fluidez con el Gobierno de Espaa para poder pactar las cosas, pero es que si no se quieren sentar es complicado que podamos avanzar y lo que nosotros no vamos a hacer es cmplice, porque en estas situaciones no hacer nada tambin es una decisin”, ha explicado.

Clavijo ha insistido en que quedarse “quieto significa continuar desprotegiendo los menores”.

Con ms de 5.300 menores africanos en sus recursos sociales, hace dos semanas se produjo un incidente en la isla de El Hierro (donde no quedaban ya plazas) que llev al presidente regional, Fernando Clavijo, a anunciar que iba a tomar medidas de carcter legal para proteger los derechos de los menores y evitar riesgos jurdicos a los trabajadores de los centros de menores, tanto empleados pblicos como de ONG.

Es por eso que este jueves public en su boletn oficial este protocolo, en el que deja claro que los menores inmigrantes que llegan en embarcaciones irregulares a las costas canarias competen inicialmente al Estado.

En adelante, el Gobierno canario entendera que un menor rescatado por Salvamento y entregado a la Polica o interceptado por las fuerzas de seguridad en la costa “no est abandonado ni desamparado, sino bajo custodia del Estado”, por lo que no compete directamente a la administracin canaria su acogida.