Salgo con el uniforme y noto esas caras de desprecio simplemente porque voy de verde y con la bandera de Espaa. Ms que odio nos tienen asco. La guardia civil catalana Mila Cvico, 31 aos de servicio y afincada en Barcelona, no encuentra rastro de esa normalidad democrtica que, segn el Gobierno de Pedro Snchez, se ha instalado en Catalua gracias al despliegue de una poltica territorial basada en la concesin de las voluntades reclamadas por ERC, que se ha traducido en el indulto de los dirigentes que impulsaron el 1-O, en la supresin del delito de sedicin y de la apertura de una negociacin bilateral con el Ejecutivo independentista de ERC para explorar un acuerdo que desemboque en una votacin sobre el futuro poltico de la regin.

Sigue habiendo animadversin. Mis hijos no pueden decir libremente en el colegio que su madre es guardia civil. Existe una fijacin del Govern por suprimirnos. Que no haya actos vandlicos ahora con la misma regularidad, mientras el Gobierno ha estado pactando, no quiere decir que no se vayan a repetir despus de las prximas elecciones. Estamos a merced de los deseos de la violencia callejera. Siempre en alerta. Aqu no vivimos tranquilamente como un guardia civil de Cuenca. Desde el 1-O nos tachan de torturadores, de animales, de lo peor. El desprecio todava se siente. Y slo somos trabajadores que representamos a nuestro pas y que intentamos impedir una votacin contraria a la Constitucin, lamenta este miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Engarza Carlos Vegas, juez cataln exiliado en Madrid. Tras una dcada ejerciendo en Catalua, en marzo parti a la capital dejando en Barcelona a su familia tras ser sealado por la Generalitat por expresar opiniones contrarias al independentismo en las redes sociales y por no abstenerse en un procedimiento que afectaba a la opinadora secesionista Pilar Rahola. No juzgo en funcin de si me gusta una ideologa o no. Fue kafkiano, denuncia.

Salvamos la democracia en 2017 y as nos lo han pagado, deplora este magistrado de lo social al que la Generalitat intent recusar sin xito para todos los procedimientos en los que estuviera implicada y para quien, tambin infructuosamente, reclam una sancin, desestimada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sufr un ataque injustificado de la consejera de Justicia con la complicidad de mis propios colegas, porque hay un grupo de jueces en Catalua simptico con la causa independentista. Soy un refugiado cataln. No me han puesto una pistola en la sien para irme, pero tampoco me he ido voluntariamente. Me he tenido que marchar para marcar distancias, pese a que me siento muy comprometido con Catalua y me duelen las cosas que pasan all, porque donde no te quieren, no tienes que estar, relata.

No llama la atencin que un juez se vaya de Barcelona o que los niveles de lectura de los nios catalanes estn entre los peores de Espaa?, reflexiona el magistrado para ligar con otra esfera en la que el apaciguamiento no se percibe: la educacin.

Toler el Gobierno que la Generalitat desobedeciera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) para implantar un 25% de castellano en todos los colegios al evitar reclamar la ejecucin del fallo. Particip -mediante el PSC- en la maniobra legal del Govern para sortear la sentencia y la Alta Inspeccin Educativa, dependiente del Ministerio de Educacin, asiste impvida al endurecimiento de la inmersin, que ERC lleva a cabo para vetar el uso del espaol en cualquier espacio escolar.

Ana Losada, portavoz de Escuela de Todos, plataforma nacida para promover la ejecucin de la sentencia que debera acabar con el monolingismo, diagnostica: No slo se ha continuado sin aplicar la ley en Catalua, se ha pactado no aplicarla. Muchos catalanes deseamos dejar de ser hurfanos del Gobierno y sentirnos miembros de pleno derecho de Catalua. Que no recaiga ms sobre nuestros hombros la lucha por hacer cumplir la Ley en esta tierra.

La paz catalana de Snchez ha servido al nacionalismo para reforzar la persecucin de los que hablen en castellano en los centros educativos. Nos insulta cuando dice que normalidad es que haya comisarios lingsticos para espiar a todos los miembros de la comunidad educativa e implementar medidas que reconduzcan el uso indebido e indeseado del espaol, sostiene Carlos Silva, portavoz de Docentes Libres, entidad tambin nacida durante la ltima legislatura para velar por la neutralidad educativa.

Marcos Gonzlez es profesor de secundaria en Barcelona y siempre ha optado por impartir sus clases en castellano, simplemente porque es la lengua en la que mejor se expresa. Y eso le concede la condicin de disidente en el sistema educativo cataln.

Dice este docente estar muy sealado. Tienen poco margen para perjudicarme, porque soy funcionario, pero lo hacen en lo que pueden. No se me asignan cargos y me han advertido que me evitara muchos problemas si diera la clase en cataln.

Concluye que en Catalua no hay normalizacin de la vida civil y constata que los apoyos del Gobierno central siguen desarrollando su agenda, que pasa por seguir apretando la tuerca y mantener un sistema de exclusin del castellano.

El Govern est especialmente beligerante con la lengua. La tendencia oficial es que hay que hablar cataln incluso en privado y a las familias. En mi centro el uso del castellano no se permite ms all de la desobediencia que ejerzo. Al no alcanzar sus objetivos independentistas, se vuelcan en la cuestin identitaria con la aquiescencia del Gobierno, sostiene.

Igual de agresiva ha sido la poltica lingstica en las universidades catalanas. En los ltimos cuatro aos, la Generalitat ha llegado a fomentar la delacin de los profesores castellanohablantes con la instalacin de buzones en los que los alumnos pueden identificar a los docentes que, habindose comprometido a impartir su clase en cataln, deciden emplear indistintamente las dos lenguas oficiales. Los centros universitarios se ven obligados a remitir al Govern informes con las incidencias lingsticas detectadas para corregirlas.

Jorge Calero, catedrtico de Economa Aplicada de la Universidad de Barcelona, considera que, desde 2018 y con el apoyo del Gobierno de coalicin, se ha profundizado en la utilizacin del cataln como herramienta poltica del nacionalismo con actuaciones que han fragmentado el sistema universitario espaol y han provocado una prdida de internacionalizacin de la universidad catalana. Actuaciones como la exigencia del nivel C1 de cataln al profesorado, el compromiso de las universidades catalanas de incrementar la docencia de grados en cataln para alcanzar el 80% en 2025, y la vinculacin del mayor uso del cataln y la financiacin. La nueva Ley Orgnica del Sistema Universitario (LOSU) recoge que la singularidad lingstica ser objeto de financiacin.

Las universidades catalanas, y en particular sus rganos de gobierno, que fueron herramientas a favor del procs, son ahora herramientas a favor de la independencia a largo plazo, suma el catedrtico, quien destaca el dficit de libertad de expresin en los campus catalanes con ataques frecuentemente violentos a asociaciones como S’ha Acabat.

El independentismo cataln es muy totalitario e intenta que nadie salga de ese pensamiento nico que quieren instaurar, esgrime la presidenta de esta asociacin de jvenes constitucionalistas, Jlia Calvet, quien ha sufrido en primera persona los ataques del secesionismo ms radical.

Recuerda la universitaria que el separatismo sigue controlando el poder institucional, meditico, econmico o educativo. Es una mquina que hace que los jvenes mamen nacionalismo. Es muy difcil salir de esas cuatro paredes y, si sales, te arriesgas a ser sealado, ahonda.

No ha cambiado nada, coincide scar Vivas, sanitario que coordin una demanda de 42 profesionales contra las oposiciones de la Generalitat que fijan el cataln como requisito excluyente para poder concursar a una plaza pblica.

El caso paradigmtico de la enfermera andaluza slo hizo ms visible un problema que ya exista. Hay muchos interinos pidiendo que se suprima el requisito del cataln. Pero el Govern sigue con su fijacin nacionalista y cada vez es ms evidente su intencin de expulsar el castellano de la Sanidad, completa.

Las principales entidades constitucionalistas catalanas reclaman que se corrija la colaboracin o inaccin del Gobierno en Catalua.

En Catalua hay ciudadanos que sufren en sus carnes situaciones impropias de un Estado de derecho y a los que el prximo Gobierno de Espaa debera amparar. Mucha gente que ve afectada su vida diaria por los intentos de la Administracin catalana de imponer coercitivamente sus posicionamientos ideolgicos y de convertir Catalua en una regin monolinge, indica ngel Escolano, presidente de Convivencia Cvica.

Pepe Domingo, presidente de Impulso Ciudadano considera que la solucin al peligro independentista -que sigue existiendo- no es debilitar los mecanismos de defensa del Estado sino reforzarlos con medidas legislativas y, sobre todo, con una accin de gobierno destinada a corregir la deslealtad constitucional que, por desgracia, parece estar en el ADN de sus representantes polticos.

Y Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana, cree que la responsabilidad de que Catalua siga condicionada por el nacionalismo recae, en primer lugar, sobre los que trabajan y fomentan su pervivencia. Y en segundo lugar, sobre los que, teniendo la obligacin de velar por los derechos de todos los espaoles por igual, han mirado hacia otro lado siempre que ha convenido ceder ante el nacionalismo dejando a la mayora de los catalanes desamparados. Los primeros seguirn en su lnea, no han dejado de anunciarlo. No perdemos la esperanza de que los segundos rectifiquen, reclama.

QU DICEN LOS PROGRAMAS