ERC no lo ha dudado. Las denuncias del presidente del Gobierno sobre un presunto ‘lawfare‘ contra su familia y su persona y los ataques de la oposicin a su gestin brindan la oportunidad perfecta para demostrar que Espaa “no es una democracia plena”, que las instituciones han sido utilizadas “para llevar a cabo guerra sucia y terrorismo de Estado” y que han servido para “infiltrar, espiar, perseguir y reprimir movimientos sociales y polticos como el independentismo”. Estas estructuras, mantienen los republicanos catalanes “son las mismas que hoy amenazan al propio Gobierno espaol por motivos ideolgicos”.

Esta es la justificacin que se recoge en la exposicin de motivos de una proposicin no de ley registrada hoy en el Congreso por ERC para “luchar contra la corrupcin, las cloacas del Estado y la guerra judicial” en Espaa.

Los republicanos independentistas utilizan como sostn de su propuesta el reconocimiento de la existencia de guerra judicial o ‘lawfare’ por parte del propio Gobierno, algo que, afirman, pone en cuestin la mxima reiterada por este “cada vez que sala a la luz un caso de guerra judicial contra otros”. Esto es, que Espaa es una democracia plena.

Con estos argumentos basados en las razones que adujo Snchez para sopesar durante cinco das la posibilidad de dimitir y el discurso que ha desplegado en la ltima semana, ERC reclama al Gobierno que “demuestre” ahora “su compromiso contra toda corrupcin y, en particular, policial, judicial, poltica y democrtica” si de verdad, afirma, “tiene inters real en combatir la persecucin meditica y judicial por motivos ideolgicos y en llevar a cabo una regeneracin democrtica”.

La proposicin no de ley que ERC someter a debate y votacin del Congreso plantea entre otras cuestiones la creacin de una comisin independiente que investigue “los casos de guerra judicial en el Estado espaol” y la modificacin de la ley reguladora del CNI, la ley de Transparencia y Buen Gobierno y la ley de Secretos Oficiales.

Adems reclama cumplir con “todas las resoluciones de organismos oficiales internacionales realizadas en el Estado espaol para garantizar los derechos humanos, polticos y democrticos”; derogar la llamada Ley Mordaza; “depurar las cloacas del Estado, tomando las medidas legales, penales, administrativas que correspondan para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilcitas” y emprender las modificaciones legislativas oportunas para “prohibir el ensalzamiento del fascismo y el nazismo”.

En relacin con los medios de comunicacin, ERC exige “crear un Consejo Profesional de Buenas Prcticas que vele para evitar la desinformacin, realice prevencin contra las noticias falsas y sirva para acreditar a los medios responsables ante eventuales abusos y distorsiones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, la difamacin y la calumnia, garantizando as el derecho constitucional a una informacin veraz”. “Los colegios profesionales y los mbitos acadmicos”, aade la proposicin, “sern los principales responsables de la gestin de este Consejo”.

Los republicanos independentistas insisten en que “Espaa tiene un problema histrico y sistmico con la guerra judicial, hasta el punto de que en su legislacin mantiene los aforamientos como un medio para intentar limitar la persecucin y abusos del Poder Judicial contra los representantes polticos”.

Consideran que el ‘lawfare’ “se ha mantenido desde la aprobacin de la Constitucin” y “se ha ejercido contra el independentismo vasco, contra el independentismo cataln, que llev a nueve personas a la crcel por un delito que no haban cometido, o contra partidos espaoles de izquierda, como Podemos o el PSOE“.

Segn ERC, leyes como la del CNI, la de Transparencia y Buen Gobierno, Secretos Oficiales o Seguridad Ciudadana constituyen una “telaraa jurdica” que “legitima la opacidad” y “permite actuaciones ilcitas e ilegales a nivel poltico y econmico”.

En la proposicin no de ley se afirma tambin que “la corrupcin, el fraude y la evasin fiscal” son otros de los “problemas sistmicos en el Estado espaol” que han sido “amparados por un poder judicial (Tribunal de Cuentas) que acta parcial e ideolgicamente”. Como ejemplo de este ltimo reproche ponen como “caso paradigmtico, la impunidad sobre toda la corrupcin de la Familia Real espaola y la actual familia del Rey” y la “ilegal caja B del Partido Popular“.

En opinin de Esquerra “ha crecido un Estado profundo (deep state) que ha sido capaz ya de amenazar al propio Gobierno espaol”. Y aade: “Ni Espaa es una democracia plena ni son casos aislados. Existe un grave problema y es sistmico. Hay que reconocerlo, como ha hecho implcitamente el presidente del Gobierno espaol al hablar de ‘lawfare’ y al plantearse dimitir ante la dificultad de hacer frente, para corregir las carencias democrticas y que el estado espaol pueda convertirse en una democracia plena de verdad”. En este sentido, reclaman la apertura de un “proceso constituyente” para superar “el rgimen del 78” que niega el derecho a decidir a naciones como Catalua.