Nuevo varapalo del Tribunal Supremo a la Fiscala que dirige lvaro Garca Ortiz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso presentado por el fiscal Ignacio Stampa contra la negativa de la fiscal jefe inspectora, Mara Antonia Sanz, de julio de 2023, para dejarle acceder a los documentos que afectaban a su persona. Esa decisin de la inspectora, recalca el Alto Tribunal, fue dictada “por delegacin del fiscal general del Estado”.

Stampa, ex fiscal anticorrupcin que investig el caso Villarejo, present una solicitud de “copia ntegra y certificada” de todas las diligencias de inspeccin relativas a su persona entre los aos 2012 y 2016. La inspectora fiscal le neg el acceso a dichos datos.

En el escrito de demanda, Ignacio Stampa se apoyaba bsicamente en el artculo 118 del Reglamento del Ministerio Fiscal que reconoce a los miembros de la Carrera Fiscal el derecho “a tener acceso en cualquier momento a su expediente personal”. Tambin invocaba, con cita de jurisprudencia, el artculo 12 de la Ley 19/2013, sobre transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno, para justificar que tiene derecho a acceder a la documentacin solicitada. La Abogaca del Estado, en defensa del Ministerio Fiscal, propuso la desestimacin de la demanda.

Sin embargo, la Sala Tercera da la razn al fiscal Stampa. En la sentencia, los magistrados sostienen que el artculo 118.k) del Reglamento del Ministerio Fiscal “adquiere plena relevancia: los miembros de la Carrera Fiscal tienen derecho en todo momento a conocer los datos recogidos en su expediente personal. Esta norma es muy clara. Frente a ello no resulta convincente aducir, como hace la Abogada del Estado, que en el expediente personal solo se anotan las resoluciones sancionadoras. Este es un argumento exageradamente formalista, pues no explica por qu si se tiene derecho a conocer lo contenido en el expediente personal no habra de tenerse tambin derecho a conocer todo aquello que dio lugar -o pudo haber dado lugar- a la correspondiente anotacin”.

El Alto Tribunal, que anula la decisin por delegacin de la inspectora fiscal, ordena a la Fiscala General que dirige Garca Ortiz que permita acceder al recurrente a su expediente. Adems, el Supremo impone las costas a la Abogaca del Estado de una cuanta de hasta 3.000 euros.

El PP pide la dimisin

Por su parte, el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban Gonzlez Pons, ha exigido este jueves la dimisin de Garca Ortiz despus del nuevo varapalo del Supremo. El dirigente popular ha subrayado que “nunca antes un fiscal general del Estado haba sido condenado por el Tribunal Supremo y ahora batimos el rcord porque es condenado por segunda vez. Es la segunda vez que la Sala Tercera del Tribunal Supremo aprecia desviacin de poder en el fiscal general del Estado. Creo que hay razones suficientes para que asuma su responsabilidad y dimita”.

“A un fiscal general del Estado hay que exigirle competencia profesional, pero tambin dignidad y respeto por parte de sus compaeros de profesin”, agreg Gonzlez Pons.