El Tribunal Supremo ha acordado absolver al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al director de Manos Limpias, Miguel Bernard -condenado como cooperador necesario-, de los delitos de extorsin y estafa al considerar que las presiones que empleaban en sus negociaciones eran lcitas y que no ha sido posible identificar en qu consisti el engao que se les atribuye.

Los magistrados han acordado as anular la sentencia que dict la Audiencia Nacional por la que se les conden a penas de ocho y cuatro aos de prisin, respectivamente. Se les acusaba de extorsionar a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campaas de descrdito.

La Sala de lo Penal anula as la condena impuesta por la Audiencia Nacional en una causa en la que no qued probado que ejercieran esa presin para retirar la acusacin contra la infanta Cristina en Nos.

En concreto, la Audiencia no apreci “un clima de presin del que se valieran los acusados Luis Pineda y Miguel Bernard” para imponer su presunta oferta de retirar la acusacin de Manos Limpias a la infanta a cambio de dos o tres millones de euros, por lo que los absolvi de este episodio a ellos y a la abogada que ejerci la acusacin en Nos, Virginia Lpez Negrete.

Presiones censurables en el plano tico

El Supremo considera probado que Pineda ejerci contra varias entidades financieras acciones civiles y penales a travs de Ausbanc y de Manos Limpias, en este caso de acuerdo con Bernad.

Segn refiere el Tribunal, ya con la sentencia favorable o en el curso del procedimiento, negociaba con los bancos diversos acuerdos publicitarios o de prestacin de otro tipo de servicios por parte de Ausbanc a cambio de llegar a un acuerdo en los procedimientos civiles o penales.

Dichos acuerdos comportaban el compromiso por parte de Pineda de no iniciar procedimientos nuevos contra ellas y de proyectar de las mismas una imagen amable en las publicaciones de Ausbanc, justo lo contrario de lo que haca con aquellas que rechazaban los acuerdos.

No obstante, el Supremo entiende que las presiones de Pineda, por ms que puedan resultar censurables en el plano tico, no alcanzan para colmar el concepto de intimidacin que, en paridad con el de violencia, tipifican el delito de extorsin.

Y ello debido a que las acciones que Pineda desplegaba eran, en principio, conductas lcitas, al tratarse de acciones judiciales con cierto fundamento, en muchos casos colmadas por el xito, y enmarcadas en la libertad de informacin.

Mxime tomando en cuenta -aade el tribunal- que “varias de las mercantiles supuestamente extorsionadas forman parte del Ibex 35 y todas ellas constituan entidades financieras de significada magnitud econmica” con “especializados servicios jurdicos y suficiente cobertura econmica para encarar con plenas garantas acciones, civiles o penales, frente a la publicacin de informaciones que pudieran resultarles indebidamente perjudiciales”.

En cuanto al delito de estafa, el Supremo no ve posibleidentificar en qu consisti el engao que se atribuye a Pineda ni quien pudiera haber sido el destinatario del mismo.