Con pantalones de faena, una chaqueta reflectante, las manos manchadas por el polvo y los guantes de proteccin en el bolsillo trasero. As fue sorprendido y engrilletado por agentes de la Polica Nacional vestidos de paisano un presunto pandillero salvadoreo reclamado por la justicia de su pas el pasado martes 16 de abril. Sin embargo, su deportacin interesada peligra debido a las polticas penitenciarias y judiciales emprendidas por Nayib Bukele, que, a criterio de la Fiscala espaola, constituyen una vulneracin de derechos humanos.

Segn fuentes policiales, el detenido perteneca a la banda llamada Barrio 18 -tambin conocida como Calle 18, Mara 18-, una de las principales pandillas de El Salvador que, junto con la Mara Salvatrucha, controlan el crimen organizado en el pas centroamericano y cuyas races se sitan en Los ngeles (California) en la dcada de los 60.

Este destacado miembro de la organizacin estaba buscado en su pas por su presunta participacin en delitos de homicidio agravado, privacin de libertad y extorsin agravada, cometidos todos en el marco de la actividad delincuencial propia de la pandilla, segn indican fuentes de la Polica Nacional.

El detenido haba llegado a Espaa hace ms de un lustro y se ganaba la vida en la construccin. Su arresto se produjo de forma conjunta por el Grupo de Localizacin de Fugitivos y la Comisara General de Informacin en respuesta a una noticia roja de Interpol emitida por El Salvador, que motiv las pesquisas para su localizacin.

Tras su arresto, fue puesto a disposicin judicial en el Juzgado Central de Instruccin cuatro de la Audiencia Nacional (A.N.) -el tribunal competente para decidir sobre este extradiciones interesadas-, que decret su ingreso en prisin a la espera de que una de las cuatro salas del Alto Tribunal celebre una vista.

Sin embargo, el mismo da de su arresto, la Fiscala de la seccin cuarta de la Audiencia Nacional dio a conocer su postura contraria a la extradicin para otro miembro de la pandilla Calle 18, que en este caso ya contaba con una condena en firme en su pas, argumentando en sus conclusiones que no procede acceder a la solicitud de extradicin a El Salvador por el riesgo cierto de vulneracin de derechos humanos.

En su razonamiento, la fiscala de la Audiencia Nacional afirma que la situacin actual [en El Salvador] resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales y habla de un estado penitenciario calamitoso apoyndose en un dictamen de la Corte Internacional de Derechos Humanos.