El PP cree que lo que hemos conocido hasta ahora del caso Koldo es slo la punta del iceberg. Y piensa que por eso el PSOE slo responde con “silencio, contraataque” y “autodefensa”. Por eso la direccin nacional de los populares ha consumado el primer paso de su ofensiva judicial contra las administraciones que contrataron a la trama.

“Desde el PP no slo presentamos la denuncia ante la Fiscala Europea, sino que tambin presentamos una denuncia ante la Oficina Europea de lucha contra el fraude“, ha anunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la sede nacional de su partido.

A ellos les va a entregar “todas las informaciones que se van conociendo”. “Todo“, aaden a este diario fuentes de Gnova. “Igual que nos hemos personado en la causa en Espaa, nuestra vocacin es llevar este asunto a las instituciones comunitarias”, aseguran, “para que fuera de Espaa se investigue la trama”.

Es decir, el PP busca “una especie de segunda lectura” sobre la rama europea del caso. “Desde luego, ha habido desvo de fondos, porque se pag de ms para repartir comisiones”, inciden las fuentes a este diario. “Los 10 millones de comisiones y mordidas salen tambin de fondos europeos y claro que hubo un quebranto de dinero pblico, al contrario de lo que dice el ministro scar Puente“, rematan.

Hasta ahora, la Fiscala Europea investiga los contratos de Baleares y Canarias, pero el PP quiere rastrear el dinero europeo en todas las ramificaciones del caso.

“Daremos traslado de los contratos” suscritos con la empresa principal de la trama, Soluciones de Gestin y Apoyo a Empresas, que hayan sido “financiados o cofinanciados con fondos europeos pblicos”, ha aadido Gamarra en su comparecencia.

“Es oportuno que la Fiscala Europea tenga conocimiento de los mismos y de los delitos que se hayan podido cometer en la gestin de los fondos europeos”, ha insistido.

“Dijimos que llegaramos hasta el final”, ha retado la nmero dos de Alberto Nez Feijo, y “tardemos ms o menos, lo haremos”, ha afirmado, antes de corroborar que el PP va a seguir “insistiendo” en su ofensiva parlamentaria al Gobierno sobre la trama.

Ofensiva parlamentaria

A Mara Jess Montero le preguntarn por qu no ha acudido a la Justicia si su Ministerio “conoca” la trama. Adems, el PP insiste en inquirir a Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, sobre quin le recomend contratar con la trama cuando era presidenta de Baleares.

Al ministro de Transportes, scar Puente, el PP le demanda explicaciones sobre por qu mantiene a dirigentes que contactaron varias veces con la trama. Como demuestra el sumario del caso, la UCO no slo fotografi en noviembre de 2023 al ahora presidente de Adif, ngel Contreras, en La Chalana, con Koldo Garca Izaguirre, sino, tambin, a otros dos altos cargos del equipo de Puente.

Se trata del nmero tres del Ministerio, Jess Manuel Gmez Garca; y del actual director de la empresa Emfesa, Vicente Calzado Tllez. La UCO cree que los tres pudieron proporcionar los documentos que pusieron sobre aviso a Jos Luis balos de la investigacin del presunto cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas en la pandemia.

Y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el PP le preguntar sobre una hipottica “filtracin” a miembros de la trama, para avisarlos de que estaban siendo investigados. Y al ministro ngel Vctor Torres, ex presidente de Canarias, el PP le preguntar por qu modific contratos para cobrar fondos europeos, como adelant este diario.

Y a la ministra de Sanidad los populares le reclaman “una investigacin interna dentro de su ministerio” y el compromiso de que facilitar a la oposicin “todos los contratos” que se le requieran. Por ltimo, el PP reclamar “respuestas” a Salvador Illa, ex ministro de Sanidad, por haber aprobado la entrada de la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestin, en el macrocontrato de compra de material sanitario. Hay que recordar que esta compaa se present junto a Ferrovial, en una unin temporal de empresas.

La amnista es “corrupcin”

Gamarra ha asegurado que la Ley de Amnista, que se aprobar, salvo sorpresa, este jueves en el Congreso, es en realidad una “autoamnista” que supone “un acto de corrupcin poltica”.

La secretaria general del PP cree que la norma no tiene encaje en la Constitucin y que es slo un pago poltico a cambio de votos. Adems, ha subrayado que la denuncia de ‘lawfare’ (guerra judicial) no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho.

Para contraponerse a la amnista, el PP quiere potenciar al mximo la accin de sus gobiernos autonmicos, para diferenciarse desde ellos de las polticas del Gobierno. Por ejemplo, con una Selectividad comn, rebajas de impuestos, simplificacin burocrtica o poltica de agua.

Todos estos puntos los han firmado los barones junto a Feijo en la llamada ‘Declaracin de Crdoba‘, elaborada en una reunin de los 14 principales dirigentes autonmicos populares con la cpula de Gnova en la capital cordobesa.

Aznar y el 11-M

Por otro lado, preguntada por el 20 aniversario del 11-M y sobre la defensa que ha hecho la fundacin Faes, presidida por Jos Mara Aznar, de la actuacin del entonces presidente del Gobierno, Gamarra ha asegurado que es momento de pensar slo en las vctimas.

“Comparto absolutamente que hoy no es el da para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de Espaa”, ha dicho. Para Gamarra, esa crtica a Aznar significa criticar tambin “a todos aquellos que tuvieron que afrontar aquellos das”.

“Sin otro propsito que ejercer el derecho de rplica que nos asiste, y ante el bochorno de ver a profesionales del embuste, disfrazados de vestales, insistir en lo de ‘las mentiras de Aznar el 11-M’, no guardamos silencio para que nadie diga que quien calla otorga. Ni callamos hechos ciertos ni aceptamos mentiras reiteradas”, ha sealado Faes en un anlisis publicado en su web.