El presidente del Gobierno y lder de los socialistas, Pedro Snchez, lleva tiempo armando su estrategia para equiparar a PP y Vox. Para meter a ambos partidos, en definitiva, en el mismo saco. Un plan que lo sita a l frente a la derecha y la ultraderecha y al que recurre especialmente cuando suenan campanas electorales. En el PP valenciano son conscientes por tanto de que el Gobierno que Carlos Mazn comparte con Vox est en el punto de mira del PSOE, por lo que ha decidido aplazar a despus de las elecciones europeas los debates y negociaciones de temas como la violencia de gnero o la ley de concordia.

No en vano, han sido estos dos asuntos los que ms han servido para colocar en el foco nacional la gestin del Consell de PP y Vox. Los desencuentros entre socios a cuenta de la violencia de gnero -el ltimo, a raz de la inscripcin de la Fundacin para la Defensa de los Hombres Maltratados– o la ofensiva del Gobierno, implicando incluso a la ONU, contra la llamada ley de concordia valenciana son solo dos ejemplos.

Y son justamente estos asuntos los que se quiere evitar que interfieran en una campaa electoral ya de por s polarizada. Precisamente para no dar alas al PSOE en su argumento de mimetizar los discursos de PP y Vox. En el PP se recuerda que Snchez ya exprimi los pactos autonmicos de PP y Vox para condicionar la campaa de las elecciones generales del 23-J. La propia Diana Morant se estren como secretaria general del PSPV-PSOE junto a Snchez cargando contra la “contrarreforma” de PP y Vox y, muy especialmente, contra la ley de concordia por “franquista”.

El debate sobre esta proposicin de ley en las Cortes Valencianas, de hecho, no tendr lugar hasta pasada la cita con las urnas del 9 de junio. La polmica norma quedar fuera del pleno que se celebrar la prxima semana en el Parlamento autonmico, de forma que no coincidir con la campaa de las elecciones europeas. S que se producir el debate sobre las enmiendas a la totalidad de la futura ley de libertad educativa o de la que regular la radiotelevisin pblica valenciana, segn lo pactado por PP y Vox en la Mesa de las Cortes que controlan.

La interpretacin de los socialistas no puede ser ms clara: Mazn “se avergenza” de su ley de concordia, que podra acabar en el Tribunal Constitucional si el Gobierno de Snchez cumple su amenaza. Para populares y Vox, por el contrario, se trata de “priorizar” temas ms urgentes.

De hecho, los socios harn valer su mayora parlamentaria para reprobar tambin la prxima semana a la ministra para la Transicin Ecolgica, Teresa Ribera, por incumplir los aportes de agua a l’Albufera de Valencia. Contra Ribera, la candidata socialista a las elecciones europeas, se ha alzado precisamente estos das el presidente Mazn, que ha vuelto a amenazar con los tribunales en una nueva derivada de la guerra del agua. Snchez y Ribera abren campaa este jueves en Valencia.

Y en Alicante, el PP orden este mircoles retirar del orden del da de la comisin de Presidencia y Rgimen Interior que se rene este jueves el punto relativo a la aprobacin inicial de la ordenanza reguladora de la ocupacin temporal de la va pblica. En este caso, el motivo esgrimido apunta directamente a la “contienda electoral”.

“No queremos que un asunto de tanta importancia para la ciudad se utilice como moneda de cambio por intereses partidistas durante la contienda electoral por los comicios europeos”, admita la concejala del PP Cristina Cutanda. Nadie del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala se sentar con ningn grupo para negociar esta normativa reguladora hasta despus de las elecciones, segn confirmaron fuentes municipales.

Lo que se busca esquivar en este caso es una friccin con Vox, pues el PP ya adelanta que los denominados “puntos violeta” para la atencin a mujeres vctimas de agresiones sexuales “no es negociable en esta ordenanza”. Y no lo es, advierten ya desde el PP, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero y por la conviccin de este equipo de gobierno de que esos puntos son necesarios hasta que consigamos erradicar esa lacra”.