El Parlamento autonmico negoci una posicin conjunta sobre el modelo de reparto, que cont entonces con la firma del PSOE de Susana Daz y del PP de Juanma Moreno

• Poltica Estos son los detalles del pacto sobre financiacin autonmica que se firm en Andaluca en 2028

La reactivacin del debate sobre el modelo de financiacin autonmica ha cogido a Andaluca con los deberes bien hechos. El Parlamento autonmico pact en 2018 un posicionamiento comn, refrendado por todos los partidos que entonces tenan representacin en la Cmara, salvo uno, Ciudadanos, que ya no est en la asamblea. PP y PSOE, por tanto, disponen, a priori, de un documento firmado por ambos partidos para defender una posicin conjunta.

Pero lo que debera ser una ventaja para Andaluca puede convertirse en una amenaza para los intereses de Pedro Snchez en la negociacin de su investidura. Porque los frentes polticos han cambiado y la que entonces lider aquella reivindicacin, Mara Jess Montero, es hoy la ministra (en funciones) con la encomienda de armar una propuesta que le permita al PSOE ganarse los apoyos del separatismo cataln aun a riesgo de incendiar las relaciones con el resto de comunidades.

Montero tendr que hacer juegos malabares en esa negociacin si quiere prestar un buen servicio a los intereses de Snchez. Pero, por otro lado, si Andaluca vuelve a salir perjudicada de ese nuevo reparto, podra estar cerrndose definitivamente las puertas a un regreso a la poltica autonmica en sustitucin de Juan Espadas.

En el momento en que se negoci aquel acuerdo, la Junta estaba presidida por Susana Daz y el Gobierno, por Mariano Rajoy. Hoy est el PSOE en el Ejecutivo central (en funciones) y el PP preside el gobierno autonmico con mayora absoluta. En los cinco aos que han transcurrido desde aquel pacto parlamentario, el statu quoha dado un vuelco radical a la espera de lo que ocurra con la investidura de Pedro Snchez.

El acuerdo que abander Montero en Andaluca y al que se sum el PP de Juanma Moreno reclamaba hasta 4.000 millones de euros ms al ao para la comunidad autnoma. El texto negociado parta de la base de que para cubrir los costes del sistema de servicios pblicos fundamentales en el conjunto de Espaa se requera de una inyeccin extra de unos 16.000 millones de euros ms al ao, cifra que se calcul teniendo en cuenta lo que supuso el coste de esos servicios en los ejercicios de 2014 y 2015.

Para conseguir la suficiencia financiera se propona mantener la cesin del 50 por 100 del IRPF y elevar los porcentajes de cesin del IVA y el de los Impuestos Especiales al 70 por 100. Tambin se dejaba abierta la posibilidad de lo que en el documento se denomina una “transferencia vertical” de recursos o, lo que es lo mismo, un aumento de la participacin de las comunidades en los ingresos del Estado, en el convencimiento de que, en la actualidad, el Estado dispone de una porcin de la tarta desproporcionada atendiendo al volumen de sus competencias.

Para repartir los fondos entre las comunidades autnomas, el acuerdo propona una revisin del concepto de “poblacin ajustada”, de manera que sta se acercase lo ms posible a la poblacin real, “de derecho”, de las comunidades. La “poblacin ajustada” es el resultado de aplicar una serie de parmetros correctores a la poblacin “de derecho” de forma que se tengan en cuentan las circunstancias particulares de cada comunidad que pueden repercutir en el coste final de los servicios, como la insularidad, en el caso de Baleares o Canarias, o la edad de la poblacin. Pues bien, Andaluca propona que se tenga en cuenta el volumen de poblacin en edad escolar hasta los 18 aos, as como todos los alumnos matriculados en universidades pblicas, incluidos los estudios de posgrado, la tasa de paro y la poblacin en riesgo de pobreza y exclusin social.

Los partidos firmantes del pacto reclamaban como objetivo la ‘nivelacin total’ de la financiacin entre las comunidades autnomas para todos los servicios pblicos derivados de competencias homogneas, de tal manera que se cumpla el criterio de equidad en funcin del cual “habra igual financiacin por habitante (“ajustado”) para cualquier ciudadano espaol, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal”.

Armonizacin de tributos

De igual manera, se reclamaba que se armonicen los tributos cedidos tradicionales, fijando unos patrones mnimos de regulacin a nivel nacional que eliminen la posibilidad de que se generen agravios comparativos entre comunidades as como el dumping fiscal, una clusula que sin duda est inspirada en el debate poltico abierto en torno al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El PP acept este ltimo apartado para no poner en riesgo el acuerdo pero, sin duda, su posicin al respecto ha evolucionado en sentido opuesto. De hecho, el Gobierno de Juanma Moreno avanz desde su toma de posicin en la misma direccin que la Comunidad de Madrid, eliminando por la va de las bonificaciones el impuesto de Sucesiones y reduciendo a la mnima expresin el de Patrimonio.

En cualquier caso, aquel acuerdo del Parlamento concedi al PP un plus de legitimidad a la hora de reivindicar un cambio en la ley que regula la financiacin de las comunidades autnomas, ya que cuando estamp su firma en el pacto con Susana Daz lo hizo a pesar de que eso significaba aumentar la presin sobre el Gobierno de Mariano Rajoy.

Posteriormente, ya con Snchez en la Moncloa, el PP subray las contradicciones de la ministra Montero, incapaz de defender en el Consejo de Ministros el acuerdo que ella haba impulsado en el Parlamento andaluz. De la misma manera, el Gobierno de Juanma Moreno no tuvo reservas polticas para buscar alianzas con otras comunidades gobernadas entonces por el PSOE, como la valenciana, para reclamar una posicin conjunta de fuerza frente al inmovilismo del Ejecutivo central. Y eso a pesar de que a la direccin del PP el debate le genera un fuerte conflicto de intereses porque no toda las comunidades gobernadas por los populares defienden el mismo modelo de negociacin. Las diferencias son sustanciales con los criterios que defiende, por ejemplo, la Xunta de Galicia, que entonces presida Alberto Nez Feijo, el mismo que hoy tendra que afrontar la reactivacin del debate desde una complicada posicin de neutralidad territorial como presidente del PP.