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El informe letrado que hoy se pondr a disposicin de la Mesa del Congreso que debe calificar la proposicin de ley de Amnista para que inicie su tramitacin parlamentaria no encuentra en esta ocasin motivos de “palmaria inconstitucionalidad” y, en consecuencia, no pone obstculo a que la iniciativa emprenda su camino en el Congreso. No obstante, en el texto se reconoce tambin que la doctrina “se encuentra dividida” en torno a la constitucionalidad de la amnista y, adems, no existe una jurisprudencia “clara” del Tribunal Constitucional sobre la validez de la misma.

La conclusin a la que llega hoy el informe de los letrados es radicalmente opuesta a la que los servicios jurdicos de la Cmara emitieron en 2021 cuando ERC y el Grupo Plural registraron tambin una propuesta propia de amnista para los condenados y encausados del procs. Entonces el letrado mayor de la Cmara era Carlos Gutirrez. Ahora su puesto, desde hace apenas dos semanas ha sido ocupado por Fernando Galindo, procedente de la rbita gubernamental y a quien el Grupo Popular ha pedido recusar por su evidente afinidad al Ejecutivo

El documento al que ha tenido acceso EL MUNDO argumenta que, en principio, el hecho de que una proposicin de este tenor sea calificada y admitida a trmite no supone un “control previo de constitucionalidad”. De esta manera, y como no poda ser de otra manera, no prejuzga la decisin que pueda adoptar posteriormente el Tribunal Constitucional ante los previsibles recursos que se presentarn contra la propuesta.

En las conclusiones del largo informe letrado se seala que la inadmisin de una propuesta para su calificacin y trmite es algo “excepcional” por cuanto puede llegar a suponer un “quebranto de los derechos fundamentales” previstos en el artculo 23 de la Carta Magna y, a continuacin exponen las circunstancias que justificaran la no admisin a trmite, ninguna de las cuales se da ahora en su opinin.

El texto de los servicios jurdicos aade que la proposicin de ley firmada por el portavoz del Grupo Socialista “carece de defectos formales que imposibiliten su admisin a trmite” y justifica su decisin en comparacin con la que se adopt en 2021 sealando que en aquella ocasin la propuesta de ERC y el Grupo Plural lo que realmente `planteaba era la concesin de un “indulto general”, una figura que s est expresamente prohibida en el artculo 62 de la Constitucin. En definitiva, el informe se ampara en el hecho de que la amnista no aparece vetada en la primera ley del Estado aunque tampoco figura reconocida.

En este sentido, argumenta que, a diferencia de la proposicin de 2021, el texto actual no incluye una disposicin que individualice las causas abiertas identificndolas de manera concreta y especfica y considera que la actual iniciativa , de acuerdo con su estructura, tiene una “similitud mucho ms clara” con la Ley de Amnista de 1977.

No obstante, en el informe se seala que hay otros posibles motivos de inconstitucionalidad que han sido sealados por parte de la doctrina jurdica pero esos debern ser dilucidados en su caso por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, el texto letrado afirma que, desde su punto de vista, “no parecen existir en la Constitucin ni en la jurisprudencia constitucional parmetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradiccin evidente y palmaria con la Constitucin”. No obstante, reitera que debe ser el TC, supremo intrprete de la Carta Magna quien decida definitivamente sobre la viabilidad de la proposicin de ley a travs de los trmites oportunos.