La aceptacin del ‘lawfare’ implica rechazar la principal misin de los servicios de inteligencia: neutralizar amenazas a la independencia o integridad territorial de Espaa

Una nueva deslegitimacin de los servicios de inteligencia del Estado: ese es uno de los aspectos ms relevantes del acuerdo de Junts y el PSOE para investir a Pedro Snchez. El maltrato reputacional al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es casi permanente desde hace ya aos por la desconfianza incesante de todos los polticos.

La aceptacin en el pacto del lawfare tan mencionado estos das, la guerra judicial contra la poltica, es precisamente lo que socava el trabajo del CNI. Los primeros en darse por aludidos en el acuerdo con Puigdemont han sido los jueces, que han manifestado su rechazo desde sus asociaciones, jueces decanos, audiencias provinciales, etc. La Polica Nacional, sus sindicatos, la Guardia Civil y sus asociaciones tambin se han ofendido. Pero el CNI es el punto de partida de la mayora de esos casos judiciales ahora en entredicho. De algn modo, todo su trabajo de estos aos pasados en diferentes causas se ve echado por tierra por el concepto lawfare, aunque esa palabra no figure textualmente en la Ley de Amnista registrada por el PSOE en el Congreso.

Hace aos que no existe a nivel poltico un reconocimiento sin complejos de una de las principales misiones de los espas espaoles, que viene claramente marcada por la ley que regula el centro, la Ley 11/2002: “Prevenir, detectar y posibilitar la neutralizacin de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos espaoles, la soberana, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses econmicos nacionales y el bienestar de la poblacin”.

El propio artculo 1 de la ley es an ms claro cuando dice que el CNI informar y asesorar al Gobierno para “prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresin contra la independencia o integridad territorial de Espaa”. Es decir, impedir el procs, entre otros asuntos. Y tambin prevenir el terrorismo yihadista o las amenazas a empresas estratgicas, por ejemplo.

Las competencias del CNI dejan claro que este no debe perseguir delitos, sino que una vez que haya generado la informacin sobre ellos, se la pasar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En mayo del ao pasado, durante el caso Pegasus no solo se eludieron las explicaciones, sino que se pact una comisin de investigacin y al final se destituy a la directora del centro, Paz Esteban. Las quejas de los partidos independentistas catalanes acabaron con sus 40 aos de carrera en inteligencia. Nadie del Gobierno plante la posibilidad de que si una parte del pas se quisiera independizar unilateral e ilegalmente la ley permite actuar a los espas, con Pegasus o sin l.

Esa destitucin, sin embargo, no fue el primer desplante poltico al CNI en estos aos. Hay que recordar que en 2019 Pedro Snchez incluy a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, en la Comisin Delegada de Inteligencia. La ley no contemplaba que Pablo Iglesias pudiera pertenecer a esa comisin bajo ningn concepto; no por ser l, sino por sus roles institucionales. Les tocaba a otros, como los ministros de Interior, Asuntos Exteriores o Defensa, pero no al de Agenda 2030, ya que esa comisin debe fijar los objetivos anuales del centro, de acuerdo a las prioridades del Gobierno.

Ya en plena pandemia, Snchez modific la Ley 11/2002 para dar cabida legal a Iglesias en la comisin. De toda esta maniobra lo que trasluca es que Podemos no se fiaba del CNI o del uso que el PSOE pudiera hacer del CNI.

Ms recientemente, Alberto Nez Feijo, en plena campaa electoral, manifest varias veces que el centro estaba “politizado”, aunque sin explicar por qu. El PP afirm que una de sus primeras medidas en caso de gobernar sera destituir a la actual directora, Esperanza Casteleiro, otra agente con 40 aos de carrera interna en el CNI y alguna mala experiencia pasada con el PSOE.

Es decir, el CNI se ha encontrado durante los ltimos cinco aos con que no se fiaban de l ni el Gobierno ni sus socios mayoritarios; tampoco el principal partido de la oposicin ni los independentistas catalanes. El lawfare ahora pone en tela de juicio los mtodos y las informaciones obtenidas para investigar todos los casos derivados del procs, retrotrayendo esa desconfianza hasta los aos del general Flix Sanz Roldn, director del centro entre 2009 y 2019, ya con el PP, ya con el PSOE. Con este panorama, el malestar entre muchos de sus 4.000 miembros est servido.