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La respuesta del juez Manuel Garca-Castelln a las reticencias de Suiza para investigar Tsunami continan. Ayer, el magistrado de la Audiencia Nacional solicit a la Fiscala del Tribunal Supremo que le remita el informe de los fiscales de sala en el que concluan que haba indicios suficientes para abrir una investigacin formal a Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo. Su intencin es remitir el documento a las autoridades helvticas para superar sus objeciones.
Este lunes, el juez de Tsunami recibi la respuesta de Suiza a su peticin de colaboracin para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y para obtener informacin sobre una cuenta bancaria empleada para financiar las actividades de la plataforma. Suiza rechazaba dar respuesta a ambos puntos y peda ms datos al magistrado. Tambin cuestionaba los indicios contra Marta Rovira y peda datos sobre la Ley de Amnista, adems de sugerir que la investigacin poda tener un tinte poltico.
Visto el estado de las presentes actuaciones y en particular la respuesta de las autoridades suizas […], habindose conocido por su publicacin en diversos medios de comunicacin la existencia de escrito redactado por el Excmo. Sr Fiscal de Sala Jefe para la preparacin del Informe que determinar el criterio del Ministerio Pblico [sobre la imputacin de Puigdemont], se acuerda solicitar de la Fiscala del Tribunal Supremo la remisin de una copia de dicho escrito para su unin a la documentacin que se remitir a las autoridades suizas con la mayor brevedad posible, dice el juez.
El magistrado no hace referencia al escrito posterior de la teniente fiscal del Supremo, que no se conoca en el momento de dictar la resolucin judicial. Ese informe rechaza la imputacin del ex president.
En su primera respuesta a la negativa suiza, el juez resalt que haba enviado ya material suficiente para sustentar su peticin de colaboracin y resalt que, conforme a los tratados internacionales suscritos por ambos pases, Suiza no poda negar su ayuda en una investigacin por terrorismo.
A eso aadi que consideraba inadmisible que Suiza le pidiera explicaciones sobre la Ley de Amnista, en lugar de ceirse a la actividad jurisdiccional que corresponde a los tribunales.
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