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El juez que investiga Tsunami Democrtic ha pedido este martes al Tribunal Supremo que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont. Adems de al ex presidente de la Generalitat, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garca-Castelln solicita al Alto Tribunal que investigue tambin a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras 10 personas.
En su exposicin razonada, el magistrado seala que para aclarar los hechos es necesaria “la prctica de diligencias de investigacin” que no puede practicar l mismo por estar aforados ante el Supremo tanto Puigdemont como el diputado del Parlament Rubn Wagensberg.
El Alto Tribunal, a travs de una Sala de Admisin presidida por el magistrado Manuel Marchena, tendr ahora que examinar los 100 folios de exposicin razonada y resolver si hay base suficiente para asumir el caso o por el contrario se lo devuelve al instructor al considerar que no hay delito o que faltan diligencias.
Si finalmente se declara competente, cuando la Ley de Amnista entre en vigor el Supremo deber pronunciarse tanto sobre la investigacin del procs abierta en 2017 como sobre esta nueva causa de Tsunami. La opcin de amnistiar un presunto delito de terrorismo, una materia regulada especficamente por la Unin Europea, reforzara la opcin de consultar con el Tribunal de Justica de la UE antes de aplicar la norma.
El escrito remitido por Garca Castelln al Supremo seala que el ex president se situara en el vrtice ms alto de la organizacin de Tsunami, resaltando su “posicin de autoridad incuestionable” por haber estado al frente de la Generalitat y ser el “lder desde Bruselas” del movimiento independentista.
Indicios contra el ex president
Segn explica el juez, existen indicios que permiten inferir su participacin “en el nacimiento y planificacin” de las acciones de Tsunami. “No se trata de imputar cualquier sospecha o conjetura. Existen indicios ‘fundados y serios’ de la comisin de hechos delictivos susceptible de calificarse como acciones de terrorismo”.
Entre esos indicios se encuentran mensajes cruzados entre los investigados, en los que se habla de dar cuenta “directamente” al ex president de la puesta en marcha de Tsunami. En ellos, dice el juez, se comprueba que quienes tenan “conocimiento previo” de las actuaciones de Tsunami informaban “con total exactitud” al jefe de la oficina de Puigdemont, el investigado Josep Llus Alay, de lo que la plataforma iba a hacer das despus.
Otros mensajes indican que se consult con Puigdemont la fecha ms conveniente para el lanzamiento pblico de la plataforma.
La propia agenda incautada a Alay sobre el da a da del ex president sirve tambin para sostener la imputacin. En ella se reflejara la asistencia de Puigdemont a una reunin clave en Ginebra en la que se habran tomado decisiones relevantes sobre Tsunami.
Finalmente, el supuesto “liderazgo” de Puigdemont se deducira de una conversacin con otro imputado en la que discute sobre la actitud de dirigentes polticos catalanes ante la sentencia del procs. “Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas”, escribe Puigdemont a su interlocutor.
Ms que desrdenes
En su exposicin motivada, el juez considera que lo sucedido, “por su complejidad”, podra encajarse en diversos delitos, entre ellos “actos de terrorismo en el sentido que prev el Derecho de la Unin Europea”.
Descartada la sedicin por haber sido derogada, el primer paso sera examinar si se trat de un delito de desrdenes pblicos, que tambin desecha por “la gravedad” de lo sucedido. “Como se observa del examen inicial de los hechos, nos encontramos ante una organizacin estructurada […] constituida con la finalidad de cometer acciones terroristas”, afirma.
En cualquier caso, aunque no se consideraran terroristas, los hechos seran delictivos y correspondera al Supremo investigar a los aforados. “Aun adoptando la tesis de acusacin ms favorable para los investigados, como la defendida por el Ministerio Fiscal, los hechos seran, sin lugar a dudas, delictivos. As, la Fiscala sostiene, cuanto menos, la existencia de un sustrato fctico subsumible en la comisin de delito de desrdenes pblicos”, dice el juez, refirindose al recurso del fiscal del caso contra el auto que imputaba terrorismo a los investigados no aforados.
El titular del Juzgado Central de Instruccin Seis repasa las acciones que se atribuyen a Tsunami Democrtic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procs, como la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectacin de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de Infraestructuras crticas del Estado o de Europea como las acciones llevadas a cabo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control Enaire en Barcelona
En relacin con esto ltimo, el magistrado destaca la “importancia estratgica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del trfico areo nacional e internacional el xito de la accin pretendida. Si TD hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores areos de la instalacin, esto no solo habra provocado daos econmicos, sino que podra haber tenido un resultado catastrfico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el rea objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”.
Lesiones y daos econmicos
Para el juez, “no se puede minimizar” el impacto de los incidentes en “la vida e integridad de las personas”. Destaca que un ciudadano francs falleci -por un infarto- y ve necesario averiguar si lo que estaba sucediendo en esos momentos pudo intervenir en la muerte. “Dicho de otro modo, se tratara de descartar que el fallecimiento (…) se podra haber evitado”.
Los disturbios, contina, se alargaron hasta altas horas de la madrugada del da 15 “con un resultado de mltiples heridos”, incluyendo civiles y agentes de las Fuerzas de Seguridad. Por ello, el magistrado considera que la investigacin deber esclarecer quines fueron los lesionados y si las lesiones son imputables a los investigados.
A las lesiones se suman los daos econmicos: “No solo se causaron daos en las personas, sino que, adems, se ocasionaron importantes perjuicios econmicos que la instruccin deber concretar si resultan objetivamente imputables a los responsables de la organizacin”.
El juez aade que un reciente informes remitido por los Mossos d’Esquadra refleja la violencia de los incidentes en El Prat. “Se habla del empleo de piedras de gran tamao provenientes de arrancar el mrmol y el granito del suelo y presentaban aristas cortantes; hierros de 2 m. de largo proveniente del vallado del edificio; vidrios provenientes del rompimiento de las estructuras del edificio; pirotecnia de gran potencia, extintores vacos, carros portamaletas, maderas, cristales, vallas, pals, piezas metlicas, etc. Se habla tambin de una suerte de proyectil con el que se lanzaron piezas metlicas, una especie de tirachinas con el que un agente habra resultado lesionado”.
En Suiza y Blgica
En el relato de los hechos, el magistrado recuerda que los asaltantes “accedieron a la zona de embarque, lograron asentarse delante de las puertas de embarque para acceder a los aviones, impidiendo el acceso de los pasajeros a los mismos, y consiguieron bloquear la torre de control areo de El Prat” y que con su accin “pusieron en peligro la seguridad del aeropuerto y del trfico areo nacional e internacional”.
Finalmente, Garca-Castelln analiza los hechos cometidos a la luz de los Convenios internacionales para la represin de actos ilcitos contra la Seguridad de la aviacin civil. Concluye que “dado que varios de los investigados en este procedimiento se encuentran fuera de Espaa, concretamente en Suiza y Blgica, pases que han firmado los Convenios sealados […] para el caso que no pueda producirse el enjuiciamiento en Espaa de estos hechos, podra quedar a salvo la posibilidad de enjuiciar los graves acontecimientos acaecidos el 14/10/2019 en el aeropuerto de El Prat, en alguno de dichos pases, si se hace uso de los mecanismos de cooperacin judicial oportunos por parte de la Sala Segunda”.
Al tiempo que el juez de Tsunami enviaba el asunto al Supremo, la Sala que revisa sus actuaciones decida abrir un expediente gubernativo para comprobar si Garca-Castelln actu correctamente al rechazar de plano mediante una providencia la recusacin que haba presentado en su contra uno de los investigados. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, indica en su resolucin que es la Sala, no el instructor, quien debe pronunciarse sobre los incidentes de recusacin. Guevara a pedido al instructor que le remita la documentacin sobre el asunto.
Solo en casos excepcionales puede el propio recusado archivar la solicitud y seguir adelante con el caso -por ejemplo, envindolo al Supremo-, en lugar de suspender las actuaciones a la espera de que un tribunal se pronuncie sobre la recusacin. El investigado Oleguer Serra pidi que Garca Castelln se apartara de Tsunami por sus declaraciones sobre la Ley de Amnista en una conferencia.
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