Además de el ex secretario general del PP madrileño, la lista incluye a otros tres alcaldes de Valdemoro

El juez del caso Púnica ha dado por terminada la investigación de una de las ramas de la causa y ha propuesto juzgar a 21 personas por contratos en tres ayuntamientos madrileños. Uno de los imputados es el ex secretario general del PP madrileño y ex alcalde de Valdemoro Francisco Granados. Las cuentas del político popular el Suiza, en las que ingresaba el dinero supuestamente obtenido en esta actividad corrupta, fueron las que dieron inicio a a macrocausa.

El magistrado de la Audiencia NacionalManuel García Castellón ve también indicios suficientes para sentar en el banquillo al empresario David Marjaliza y a su mujer, así como a otros tres exalcaldes de Valdemoro. También está en la lista un ex alcalde de Moraleja de Enmedio y personas relacionados con los ayuntamientos de Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Dos investigados se quedan finalmente fuera del auto con el que se da por concluida la instrucción.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción Seis considera que los imputados cometieron delitos de cohecho, prevaricación y revelación de Información reservada y secretos, tráfico de influencias y fraudes.

Según explica el auto, la pieza separada cinco del caso Púnica, centrada en investigar la contratación administrativa en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, “ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa”.

En todos los contratos, indica, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario Marjaliza. “Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso”, dice el juez.

Diversos sistemas

Había distintas formas de hacerlo. En uno de los casos, el Marjaliza influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control. Respecto al primero de los casos descritos, el empresario reconoció que había pagado 300.000 euros en comisiones.

En otros, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos legales necesarios.

Por último, hubo contratos en que el empresario concurría mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de sus influencias y causaba así un perjuicio económico al ayuntamiento.

En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parquin, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.

El juez relata cómo Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de las licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria, “con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación”.

En cuanto a Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, el auto indica que como contrapartida de las adjudicaciones el empresario pudo haber sufragado encuestas políticas como “una de las fórmulas empleadas para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas”.

El auto que transforma las diligencias en un procedimiento abreviado da un plazo de 10 días a la Fiscalía y las acusaciones populares para que presenten su escrito de acusación. Salvo que la Sala de lo Penal a la que pueden recurrir los afectados revoque el auto, el juez dictará a continuación el auto de apertura de juicio oral.