Cuando est al borde de librarse de la imputacin por terrorismo en el caso Tsunami, al ex president Carles Puigdemont se le abre otro frente judicial. El titular del Juzgado de Instruccin 1de Barcelona ha acordado este martes proponer al Tribunal Supremo su imputacin por los delitos de traicin, malversacin y pertenencia a organizacin criminal.

El magistrado Joaqun Aguirre ha elevado al Alto Tribunal una exposicin razonada en la que sostiene la existencia de indicios de delito contra 13 personas, entre ellas el aforado Puigdemont y el tambin aforado como diputado autonmico Francesc d’Ass Dalmases. La lista de sealados incluye al ex president Artur Mas y al jefe de la Oficina de Puigdemont en Waterloo Josep Llus Alay, pieza clave en la trama rusa.

El juez solicita al Supremo que asuma toda la investigacin y no solo la referida a los dos aforados. La lista de sealados contina con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergncia Vctor Terradellas; la ex consellera y ex dirigente de Junts Elsa Artadi y otras personas del crculo ntimo de Puigdemont: el periodista y escritor Carles Porta y el empresario Miquel Casals.

El magistrado considera que los movimientos de los 13 sealados para lograr el respaldo ruso a la independencia de Catalua encaja en el delito de traicin. La relevancia de esta calificacin jurdica reside en que la Ley de Amnista excluye la traicin de su mbito de aplicacin, “siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia poltica de Espaa”.

Aguirre afirma que se cumplen esas condiciones: “Este magistrado considera que s hubo una amenaza (en el sentido de ‘peligro’) real y efectiva de que una potencia extranjera (Rusia) ejecutara actos perjudiciales para la integridad territorial de Espaa”.

Por ese motivo, en un auto aparte que el propio juez encabeza como “resolucin de no amnistiabilidad”, el instructor rechaza aplicar la medida de gracia a la traicin y, por su conexin con ella, tampoco a los delitos de malversacin y pertenencia a grupo criminal.

La exposicin enviada al Supremo explica que una de las vas de intromisin rusa en Occidente es la “influencia directa en polticos y decisores pblicos”. “En el caso de Catalua”, indica, “el apoyo y la utilizacin de actores polticos, tal y como se ha demostrado a lo largo de la investigacin, involucraron a personas del ms alto nivel del Gobierno de la Generalitat de Catalunya (Gencat), incluido su presidente y ello habra facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa”.

Precisa que la investigacin ha podido acreditar que esas personas “mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federacin de Rusia, e igualmente, se ha podido conocer las mutuas exigencias para llegar a un acuerdo comn que beneficiara a ambas partes”.

El juez instructor indica que si Puigdemont “no hubiera tenido pnico y hubiera aceptado la propuesta rusa” habra continuado adelante el proceso secesionista. “No obstante, el peligro real y efectivo sigui existiendo”, indica. Adems, tras la declaracin de independencia que dej en suspenso, “siguieron profundizndose las relaciones con las ms altas esferas del Kremlin”, ejecutadas fundamentalmente por su jefe de Gabinete (Alay) y su abogado (Boye).

Ahora el Tribunal Supremo deber examinar si los razonamientos del juez justifican la apertura de una investigacin o si devuelve el caso a Barcelona para que siga profundizando en la causa.