El ministro de Presidencia y Justicia, Flix Bolaos, niega que las dudas de Junts sobre la reforma que afecta a la amnista tengan ninguna base

El texto para reformar el artculo 49 de la Constitucin y eliminar la expresin “disminuidos” podra registrarse este mismo jueves o maana. Esa es la intencin del Gobierno, segn ha explicado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia , Flix Bolaos.

“Intento ser discreto, pero [Alberto Nez] Feijo hoy ha dicho pblicamente que estoy manteniendo conversaciones con [la secretaria general del PP, Cuca] Gamarra para registrar hoy o maana, cuando sea, la reforma del artculo 49 de la Constitucin. Estamos trabajando para registrarlo cuanto antes”, ha explicado Bolaos al trmino de una reunin con la presidenta del Consejo General de la Abogaca Espaola, Victoria Ortega.

El lder del PP y el presidente del Gobierno, Pedro Snchez, pactaron eliminar el trmino “disminuidos” de la Carta Magna para sustituirlo por “personas con discapacidad”. Hace aos que PSOE y PP respaldan hacerlo, pero el PP desconfiaba de que la reforma abriera la puerta a otras que respaldara el independentismo. El acuerdo garantiza que solo eso se reformar.

En sus declaraciones en el Ministerio de Justicia, Bolaos ha hecho tambin referencia a la amenaza de Junts de no apoyar el primer real decreto de esta legislatura, al estimar que uno de sus artculos dificulta la aplicacin de la amnista.

El ministro lo califica como “un malentendido”, ya que el real decreto sobre “recuperacin, Transformacin y Resiliencia en materia de servicio pblico de justicia” no hace sino poner por escrito lo que ya estaba ocurriendo en la prctica diaria de los tribunales en la presentacin de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. El artculo establece que los procedimientos sobre los que se haga una consulta al tribunal e Luxemburgo quedarn paralizados.

Las cosas “estn exactamente igual de que entrara en vigor el decreto”, ha insistido Bolaos, que ha advertido de que de la aprobacin de las reformas de la Justicia que incluye el real decreto depende una ayuda europea que ha cifrado en 10.000 millones.