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El Gobierno encarga a la CNMC tutelar el registro de medios para saber quines los controlan y cmo se financian y establecer “lmites” a la publicidad institucional

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El Gobierno encarga a la CNMC tutelar el registro de medios para saber quines los controlan y cmo se financian y establecer “lmites” a la publicidad institucional

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El Consejo de Ministros ha aprobado el plan de regeneracin que Pedro Snchez ide en el periodo de reflexin que se tom en abril cuando tuvo conocimiento de que su mujer estaba siendo investigada por un juez y que esboz ante el Congreso en julio. El texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, contempla un abanico de medidas amplio, pero pone el foco especialmente en el sector de los medios de comunicacin. Bajo el propsito de saber con detalle quin est detrs de la propiead de los medios de comucacin y cmo se financian, sobre todo cunto dinero pblico reciben y de quin, el Gobierno quiere crear un registro de medios de comunicacin en el que se “disponga de informacin pblica sobre su propiedad y la inversin publicitaria que reciben”.

El rgano encargado de supervisar y tutelar este registro ser la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, que gestionar el registro una vez realizada la reforma, recoge el texto. “La ciudadana debe conocer las fuentes de financiacin de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta”. La Moncloa lo que hace es tomar como referencia el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicacin, que al tratarse de un reglamento y no de una directiva europea no necesita de una transposicin, sino que es de obligado cumplimiento para los pases miembros de la UE.

El Ejecutivo tambin plantea, como ha venido informando este diario, una reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminacin en su asignacin”, una tarea encomendada a la Secretara de Estado de Comunicacin y que deber ser aprobada por las Cortes Generales. Considera el Gobierno que la publicidad institucional es una “fuente de ingresos importante para muchos prestadores de servicios de medios de comunicacin y prestadores de plataformas en lnea, que contribuye a su sostenibilidad econmica”.

La sospecha en La Moncloa es que muchos de lo que ellos denominan “tabloides digitales” y “pseudomedios” estn financiados en gran medida por gobiernos autonmicos y locales del PP. De ah que apuesten por establecer lmites, en el sentido expresado por Snchez de que no haya medios que tengan ms financiacin que lectores. “La asignacin opaca y sesgada de dichos fondos es, en consecuencia, un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicacin, o de subvencin o financiacin encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja poltica o comercial injusta o una cobertura favorable”, recoge el texto salido del Consejo de Ministros.

Sin entrar en muchos detalles, el Gobierno considera que “procede establecer requisitos comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminacin en la asignacin de fondos pblicos u otros recursos estatales a los prestadores de servicios de medios de comunicacin y prestadores de plataformas en lnea a efectos de publicidad institucional o adquisicin de bienes o servicios a partir de ellos distintos de la publicidad institucional, como por ejemplo producciones audiovisuales, datos de mercado y servicios de consultora o formacin”.



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