El Tribunal Constitucional se dispone a anular la condena por malversacin de caudales pblicos del ex presidente de la Junta de Andaluca Jos Antonio Grin, condenado a seis aos de prisin por los ERE de Andaluca, y rebajar considerablemente la pena de inhabilitacin al ex presidente andaluz Manuel Chaves.

Sern las dos ltimas sentencias con las que el tribunal de garantas deje en la mnima expresin el mayor caso de corrupcin de la historia de Espaa, donde se repartieron de manera clientelar y opaca casi 680 millones de euros a lo largo de una dcada por parte de la Administracin andaluza, en manos del PSOE.

La ponencia de Grin, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, propone dejar sin efecto las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que la condena del ex dirigente socialista “carece de todo soporte constitucional”.

El proyecto de sentencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbn aprecia vulneracin de los derechos fundamentales a la legalidad penal y la presuncin de inocencia de Grin, quien nunca lleg a ingresar en prisin afectado por una grave enfermedad. Adems, el TC plantea la retroaccin de las actuaciones respecto del delito de prevaricacin.

“Nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por delito de malversacin, esto es, por la disposicin ilcita de caudales o efectos pblicos, por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley que regula especficamente el supuesto de hecho al que ese individuo se enfrenta en su calidad de autoridad o funcionario pblico, pues tal ley, en tanto no sea declarada inconstitucional, ha de considerarse vlida”, explica el TC.

Segn la ponencia, la conducta malversadora “no puede provenir del uso de un procedimiento de presupuestacin que contempla el pago de ayudas a travs de las transferencias de financiacin y la firma de convenios amparado por la ley, sino, en su caso, de la disposicin de los fondos presupuestados para fines no previstos en el programa o incluso carentes de tal inters pblico. El elemento subjetivo del injusto debe proyectarse sobre esas concretas disposiciones”.

Junto a la respuesta a la demanda de amparo de Jos Antonio Grin, el Pleno que preside el magistrado Cndido Conde-Pumpido, que arrancar el prximo da 16, tambin prev amparar al expresidente de la Junta Manuel Chaves, condenado a nueve aos de inhabilitacin.

En el caso de Chaves, la ponencia recoge que la prerrogativa del poder ejecutivo de presentar proyectos de ley es un acto poltico que se incardina dentro de las funciones de gobierno y que goza de una naturaleza jurdica diferente de aquellos que adopta un Gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Las sentencias sobre los recursos de los ex presidentes andaluces llegarn despus de que el Constitucional haya rebajado -en mayor o menor medida- todas las condenas del caso ERE. Los siete magistrados del sector progresista del rgano se han impuesto de manera sistemtica a la minora conservadora del TC, que ha acusado a la corts de garantas constitucionales de “suplantar” al Supremo como mximo intrprete de la ley, irrumpiendo en el mbito reservado a la jurisdiccin ordinaria.

En sntesis, aplica los mismos argumentos que en los fallos anteriores de los ERE: que la elaboracin de los anteproyectos y su aprobacin como proyectos de ley no constituye prevaricacin; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz y que no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejera de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias, informa Efe.