El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado este mircoles la condena de nueve aos de inhabilitacin por un delito continuado de prevaricacin impuesta al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andaluca Gaspar Zarras por el caso ERE, segn informan fuentes jurdicas.

La decisin del Alto Tribunal ha vuelto a ser adoptada con la divisin de los magistrados. En concreto, con el voto favorable de los siete magistrados del sector progresista de la corte de garantas y con el voto en contra de los cuatro magistrados de los miembros del bloque conservador.

Han anunciado voto particular los jueces Enrique Arnaldo, Concepcin Espejel, Ricardo Enrquez y Csar Tolosa.

Al igual que en el resto de recursos de amparo, el Constitucional ordena de retrotraer a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte una nueva sentencia donde se respete el derecho fundamental violentado, en el caso de Zarras el derecho a la legalidad penal.

El Pleno del TC, en una sentencia ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbn, ha estimado por mayora que la elaboracin de los anteproyectos de ley y su aprobacin como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricacin. Para los magistrados este tipo de actuaciones ni son resoluciones ni han recado en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su funcin de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonoma de Andaluca.

Adems, consideran que al tratarse de meras propuestas que no tienen ms alcance que, en su caso, ser objeto de deliberacin en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial. La jurisdiccin penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos.

Gaspar Zarras fue consejero de Presidencia de la Junta de Andaluca entre los aos 1996 a 2009 y particip en la elaboracin de los anteproyectos de ley presupuestos para los ejercicios de los aos 2002 a 2009 y en su aprobacin como proyectos de ley, as como en la de distintas modificaciones presupuestarias de los mismos.

Segn la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, dichos anteproyectos y proyectos de ley fueron ilegales porque infringan la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento. En particular, porque incorporaba el uso de transferencias de financiacin para el pago de ayudas sociolaborales, mediante la creacin del programa 3.1 L -el conocido como fondo de reptiles- en las leyes de presupuestos, desplazando la aplicacin de la normativa de subvenciones.