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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido a las empresas espaolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para evitar que sus actividades “contribuyan al genocidio en Palestina“.
Para ello, segn ha informado su departamento en un comunicado, este mismo mircoles ha comenzado a enviar cartas a empresas espaolas con actividad econmica destacada en Israel con vistas a garantizar que estas no contribuyan a “las flagrantes vulneraciones de Derechos Humanos que el Estado de Israel est cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la poblacin palestina”.
En ellas, las emplaza a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios realizados para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entraar sus actividades y relaciones empresariales, incluyendo las consultas a expertos en Derechos Humanos o con grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas.
Asimismo, Bustinduy insta a las empresas espaolas a rendir cuentas sobre las medidas que estn adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad econmica en la situacin que se est viviendo en Gaza y Cisjordania.
El ministro tambin quiere conocer los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que las personas consumidoras tengan pleno conocimiento de las actuaciones que estn llevando a cabo y as evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de Derechos Humanos que est sufriendo el pueblo palestino.
Segn puntualiza su departamento, “se trata de una iniciativa que persigue la bsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una accin ms en la lnea poltica del Gobierno de Espaa que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU”.
Argumentos para justificar la peticin
Como argumento, Bustinduy recuerda en la misiva que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) orden a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza, as como las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que han puesto de manifiesto que los asentamientos israeles en Cisjordania suponen una grave vulneracin del Derecho Internacional.
Una de estas ltimas resoluciones, segn recuerda el Ministerio en su comunicado, insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israel y/o bajo su jurisdiccin cometan violaciones graves de los Derechos Humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas, conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Estos principios, aade, determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de Derechos Humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadenas de valor. Adems, recuerda que dichos principios estn recogidos en el Plan de Accin Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017.
Tambin se recogen en las obligaciones que contempla la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y que tiene ser traspuesta en el plazo mximo de dos aos a la legislacin espaola.
En ella, se estipula la necesidad garantizar el derecho de las personas consumidoras a contar con informacin que permita el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los Derechos Humanos.
Por ltimo, explica el Ministerio de Derechos Sociales, la peticin de Bustinduy tambin responde a la preocupacin que el embajador de Palestina en Espaa, Husni Abdel Wahed, le traslad en la reciente reunin que mantuvieron sobre la vinculacin de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados y en el genocidio en curso.
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