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El Congreso, sede de la soberana nacional, est en coma inducido. Desde el pasado 17 de agosto, fecha de inicio de la legislatura, el electroencefalograma de la Cmara se mantiene plano a excepcin de dos repuntes: el pleno que, a instancias de su presidenta, se celebr para dar luz verde al uso de las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria y el debate de investidura fallido del lder del PP, Alberto Nez Feijo.
Ms all de estos dos acontecimientos, el Congreso ha cado en un letargo que da la espalda a la sentencia del Tribunal Constitucional, auspiciada precisamente por el PSOE, segn la cual las Cmaras no pueden estar en funciones y tienen derecho a controlar al Gobierno aun cuando este se encuentre en situacin cesante.
Las posiciones y los argumentos en poltica cambian de mano en funcin del contexto. La reclamacin a favor de que el Legislativo pudiera ejercer su competencia constitucional de control sobre el Ejecutivo, aun cuando este estuviera en funciones, fue manejada hbilmente en 2016 por la oposicin, entonces representada por el PSOE, que ante la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy -entonces en situacin de prorrogatio– a acudir al Congreso, concit el parecer de la mayora de los grupos e impuls la presentacin ante el Tribunal Constitucional de un conflicto entre poderes del Estado.
Ahora, la situacin es la misma pero los actores han intercambiado los papeles: la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por evidente deseo del Gobierno, impide la actividad de la Cmara: la celebracin de plenos, de comparecencias, de sesiones de control, de reuniones de la Junta de Portavoces e incluso ha restringido al mnimo las convocatorias de la Mesa, el rgano encargado de calificar las iniciativas de los grupos parlamentarios. Ms an, mantiene en suspenso la fijacin del debate de investidura de Pedro Snchez a la espera de que al aspirante socialista le convenga una u otra fecha en funcin de las negociaciones que mantiene con las formaciones independentistas.
En 2018, el Tribunal Constitucional se pronunci al respecto dando la razn a los argumentos presentados por las fuerzas parlamentarias a favor del control del Gobierno en funciones por parte de la Cmara, propiciando con ello un sonoro revolcn a las tesis esgrimidas por parte del Ejecutivo de Rajoy.
El Gobierno del PP defendi su posicin en contra del control parlamentario aduciendo que la Cmara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe una relacin de confianza entre ste y el Congreso de los Diputados. En definitiva, que al tratarse de unas nuevas Cortes que no haban elegido al presidente del Gobierno y, adems, tener el Ejecutivo sus funciones limitadas al despacho de asuntos ordinarios, sus miembros no tenan que someterse al escrutinio de la Cmara. Forzarlo supondra, segn las tesis esgrimidas en aquel momento, cometer un fraude de Constitucin.
Fiel a este argumentario, el Gobierno impidi la comparecencia del ministro de Defensa ante la comisin correspondiente, y dio pie con ello a la presentacin -con 218 votos a favor frente a 113 en contra y cuatro abstenciones- del conflicto entre rganos constitucionales ante el TC.
La sentencia del Constitucional fue clara: No se puede negar a las Cortes Generales el ejercicio de la funcin de control que les atribuye el artculo 66.2 de la Constitucin. Y aade: La actividad del Gobierno en funciones no impide la funcin de control.
El Constitucional aade que la funcin de control corresponde a las Cortes Generales ya que Espaa es una democracia parlamentaria en la que las Cortes representan al pueblo espaol. Por ello, concluye que la funcin de control es consustancial a la forma de gobierno parlamentario y se fundamenta en el carcter representativo de las Cortes Generales (…) no conteniendo nuestro texto constitucional, en principio, ninguna excepcin al ejercicio de la misma.
Este planteamiento lo remarca aadiendo que en caso de negar a las Cmaras su funcin, se afectara al equilibrio de poderes previsto en la Constitucin e implicara una limitacin del derecho a ejercer la funcin parlamentaria y, con l, del derecho de participacin ciudadana.
Desde la constitucin del Congreso, los grupos parlamentarios han registrado multitud de iniciativas que permanecen varadas a la espera de que se recupere la actividad. Slo el PP ha registrado desde entonces una proposicin de ley; cuatro proposiciones no de ley a debatir en el pleno y tres en comisin; cuatro peticiones de comparecencia; una del presidente y tres de ministros; 549 preguntas escritas; nueve solicitudes de informes y 11 escritos dirigidos a la Mesa pendientes de respuesta. El PNV ha registrado siete iniciativas legislativas y varias bateras de preguntas escritas; ERC ha presentado una proposicin de ley; cuatro no de ley, alguna conjuntamente con EH Bildu y el BNG y varias preguntas escritas.
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