Los vicepresidentes, Mar Vaquero y Alejandro Nolasco, han anunciado que el Gobierno de Aragn presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional tras la aprobacin de la ley de amnista. As lo ha decidido tras la realizacin de un informe por parte del Consejo Consultivo, en el que se establece que el Ejecutivo de la regin “est legitimado por intereses polticos, econmicos, histricos y sociales” para iniciar este trmite.

En el escrito, de 38 folios, los juristas determinan que la ley vulnera el principio de igualdad de todos los espaoles, infringe la prohibicin constitucional de la arbitrariedad e incurre en diversas violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Derecho de la Unin Europea. Adems, consideran que vulnera las exigencias en materia de control de constitucionalidad de las leyes y de ajuste al Derecho de la Unin Europea.

“Desde el Gobierno de Aragn no vamos a tolerar ningn intento de romper nuestro pas ni el trato de favor a delincuentes para la obtencin de unos votos”, ha indicado Vaquero, quien ha mostrado su intencin de postularse como “escudo poltico para perseguir por todos los cauces legales cualquier menoscabo, perjuicio y ataque que se produzcan contra esta comunidad”.

En ese sentido, ha tendido la mano a los gobiernos de otras comunidades “que integran el pluralismo de nuestra nacin” a sumarse a la presentacin de este recurso.

Nolasco, por su parte, ha detallado que “el dictamen del informe es demoledor, ya que determina que la ley de amnista corresponde a la elaboracin de un traje a medida para que Pedro Snchez consiga ser presidente”.

Un traje a medida, ha continuado el lder de Vox, “por el que se beneficiarn 372 delincuentes, entre los que se incluyen los CDR y dirigentes de Junts y ERC, que con la aprobacin de esta norma quedarn exentos de sus responsabilidades legales, lo que rompe con la condicin de igualdad que todos los espaoles tenemos ante la ley”.

Con todo, han asegurado que la elaboracin del recurso “est muy avanzada” y que ser presentado en el plazo de tres meses que se abrir despus de la aprobacin de la norma en el Congreso.

Desde el Gobierno de Aragn esperan que a esta medida se sumen el resto de partidos de las Cortes autonmicas, aunque son conscientes de que “para el PSOE-Aragn es ms importante defender a su lder supremo que los intereses de todos los aragoneses”.