La Fiscala Anticorrupcin se ha opuesto a que la Fiscala Europea asuma la investigacin abierta sobre la adjudicacin de varios contratos pblicos de mascarillas en plena pandemia, conocida como el caso Koldo, y ha pedido a la Audiencia Nacional que consulte al Tribunal Supremo quin se queda la causa.

El fiscal Luis Pastor solicita al juez Ismael Moreno que plantee una cuestin de competencia al alto tribunal para saber quin contina con la causa, que afecta a Koldo Garca, exasesor del ex ministro Jos Luis balos, entre otros investigados.

De manera subsidiaria, el fiscal defiende que la Audiencia Nacional mantenga la competencia del caso respecto a todos los delitos, incluidos varios contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario, y que la Fiscala Europea investigue “exclusivamente” si hubo delito contra los intereses financieros de la UE en “tales expedientes”.

Segn su tesis, la Audiencia Nacional es competente para “seguir investigando todos los delitos que dieron origen” al caso, “con sus correspondientes contratos”, y la Fiscala Europea “lo es para conocer de los expedientes de adjudicacin de suministro de material sanitario de los Servicios Canario y Balear de Salud en lo relativo a la determinacin de la posible comisin de un delito contra los intereses financieros de la UE”.

Es decir, entiende que “no existe entre ambos procedimientos una indisociable vinculacin” y, en cualquier caso, hay una “mayor afectacin a los intereses nacionales” que a los de la Unin Europea, por lo que la remisin del caso a la Fiscala Europea “nunca procedera”.

“Se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales” y al “correcto funcionamiento de la Administracin espaola”, indica.

Esta trama, explica, “se expande por distintas Administraciones Pblicas, ajenas a cualquier financiacin de fondos europeos” y cuestiona que la Fiscala Europea pretenda utilizar como “percha” para asumir la causa el argumento de que el delito de malversacin de fondos europeos est “indisociablemente vinculado” con el resto, “sin dar argumentacin o razn alguna” que lo fundamente.

“Inexistente supremaca”

Anticorrupcin afirma que la relacin entre la Fiscala Europea y los juzgados espaoles “no se basa en la subordinacin” ni en una “inexistente supremaca” de la primera, y que el hecho de que haya financiacin europea “no implica” un perjuicio para sus intereses dado que, “hasta el momento no hay indicio alguno de comisin del delito de malversacin”, pues “los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores” a otros.

Argumenta, adems, que “resulta palmario” que la Audiencia Nacional est en “mejor posicin” para llevar a cabo la investigacin, debido a su complejidad, a los “medios para afrontarla eficazmente” y al “tiempo dedicado a la instruccin del caso”.

Porque remitir la causa a la Fiscala Europea “supondra un retraso en las investigaciones”, apunta, dado que tendra que estudiar “todo lo actuado hasta ahora”, cuando Anticorrupcin lleva investigando estos hechos desde marzo de 2022. Un ao despus, en septiembre de 2023, present querella en la Audiencia.

El fiscal recuerda que, “mientras la Fiscala Europea se detena en determinar cmo se haban financiado los contratos”, Anticorrupcin, “adems de ello, haba identificado la posible comisin de los delitos de cohecho, trfico de influencias, organizacin criminal y blanqueo de capitales, as como las personas presuntamente responsables de los mismos”.

Y explica que el hecho de que “hayan existido diferentes fuentes de financiacin de los contratos no debe ser obstculo para que sean investigados en un mismo procedimiento” y ese debe ser, defiende, el que tiene la Audiencia Nacional.

Por ello, por el momento cree que procede remitir testimonio de la causa a la Fiscala Europea, pero que el procedimiento debe seguir en el juzgado hasta que el Supremo resuelva quin se queda con l.