En abril de 2022, Ellen Roome se encontró a su hijo Jools, de 14 años, muerto en su habitación en Cheltenham (Inglaterra). No sabía qué había pasado. Dos años más tarde sigue sin saberlo. Roome lleva meses de lucha para que las grandes tecnológicas sean más rápidas y transparentes para compartir los datos de su hijo, un menor, porque cree que su actividad online pudo tener algún peso en la decisión que tomó. Su caso, ahora, podría cambiar las leyes británicas sobre privacidad y conservación de datos.

Con el shock de la muerte, Roome ni siquiera cayó en que las redes pudieran haber tenido un papel: “Dejamos que la policía hiciera su investigación”, dice por teléfono a EL PAÍS. Pero esa investigación policial no dio resultado. No catalogaron el fallecimiento como suicidio porque no pudieron establecer que estuviera con “ánimo suicida”. La noche de la muerte, Roome pidió a la policía que usaran la cara de Jools para establecer un nuevo pin y tener acceso al teléfono. Los agentes respondieron que no iban a trastear con las pruebas. La Policía dispone de máquinas forenses para romper la seguridad y poder acceder a móviles. Pero, según Roome, la máquina de su distrito estaba estropeada. Solo accedieron al móvil meses más tarde, cuando un amigo de Jools adivinó la contraseña.

La agente encargada de la investigación concluyó que tras “revisar algunos de los elementos [del móvil] no hay nada de qué preocuparse”. Pero Roome sigue sin creer que esa declaración cierre todas las preguntas que ella tiene sobre qué puede haber dentro del móvil de Jools: “No siento que se haya hecho correctamente ni que se hayan revisado todas las cuentas”, dice.

La familia de Jools solo descubrió con el tiempo que el joven tenía cuentas en aplicaciones que no conocían, como Discord (una app de mensajería centrada en videojuegos) o que tenía cuentas secundarias en Instagram o TikTok. Este caso ilustra en el fondo el papel crecientemente dominante de las grandes tecnológicas en nuestras vidas y cómo la legislación aún no ha logrado adaptarse a todas las posibilidades relacionadas con su influencia.

Tras el fracaso policial, empezó la batalla de Roome, que sigue sin entender por qué es tan difícil que Meta y TikTok le cedan lo que necesita para aclarar los posibles motivos de la muerte. “Me sorprendió inmensamente”, dice Roome, que no le dieran la información que les pedía. Para ella, madre en duelo por un hijo muerto, la elección era fácil: “Si yo hubiera sido dueña de Meta o Tiktok, habría dicho ¿qué información queréis? Aquí tenéis todo y espero que encontréis algunas respuestas”, dice.

Eso no es lo que ocurrió: “No entiendo cómo una empresa puede no tener moral”, sigue. “Como padres, solo queremos entender por qué nuestro hijo, que era completamente normal, no sufría acoso fuera de internet, no mostraba signos de depresión que alguien notara, ni problemas de salud mental, a menos que los escondiera. Hubo 500 personas en su funeral; era un niño popular, inteligente. Solo quiero entender por qué un día decidió ahorcarse”, añade.

Ni TikTok ni Meta han aclarado a EL PAÍS cuál es su postura en este caso. Un portavoz de Meta dijo al periódico The Independent en junio que están “en contacto directo con Ellen Roome y cooperaremos plenamente con cualquier investigación policial, incluyendo la respuesta a cualquier solicitud de datos”.

Meta le ha acabado dando datos, explica, pero en un formato técnico incomprensible. Ahora la está revisando un forense y luego un psicólogo clínico intentará detectar algo que pudiera explicar el comportamiento de Jools: “Pero no me dieron sus mensajes ni sus datos de navegación. Hay cosas que marcó con me gusta y aún no he recibido el informe completo”, dice.

Con TikTok ha tenido incluso una videoconferencia, pero sin resultado: “Fue inútil”, dice. Le dijeron que borraban los datos después de un año o que, otras veces, era durante el año. “Les respondí que una empresa de su tamaño debe tener una política sobre cuándo borran datos así”, dice. Roome añade que un insider le contactó para decirle que la compañía guardaba todo en un lugar con un “tipo de acceso distinto”. La legislación obliga a las grandes tecnológicas a borrar los datos personales que ya no son necesarios para su funcionamiento: eso sería un motivo para ocultarlos con un “acceso distinto”. “No me creo nada de lo que me dicen”, concluye.

Tras la falta de respuesta de las compañías, recurrió a la política. En Inglaterra el Parlamento debe discutir una petición ciudadana si llega a las 100.000 firmas. En dos semanas, la propuesta Dar a los padres/tutores el derecho de acceder a las cuentas de redes sociales de sus hijos de Roome, alcanzó las 126.000. El 20 de agosto, el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología contestó con detalle sobre los cambios que han incluido en su nueva ley de Seguridad Online: incluye la obligación de conservar los datos cuando una autoridad lo pida y, sobre todo, la agilidad y la transparencia al responder: “Deberán establecer políticas sobre la divulgación de información a los padres con respecto a las actividades en línea de un niño fallecido en un formato claro, accesible y suficientemente detallado en sus términos de servicio”, dice el texto del Gobierno inglés.

Pero ya no bastan para Jools. Su único camino es ir a un tribunal superior para obligar a la policía a reiniciar del caso y que un juez pida esa información a las tecnológicas. Pero eso les costará mucho dinero. Han iniciado una recaudación en Gofundme para reunir más de 90.000 euros: “Jools decidió terminar con su vida a los 14 años. Puede que no sea por las redes sociales, pero como madre, siento que debería tener un derecho humano a explorar todas las opciones para buscar respuestas sobre por qué mi hijo ya no está. Esto incluye obligar a las empresas de redes sociales a entregar todos los datos sobre los niños. ¿Cómo pueden nuestros hijos firmar términos y condiciones a los 13 años cuando somos nosotros los adultos responsables de ellos, y aun así no tenemos el derecho de ver nada?”, explica.

Roome también pedía ver los datos de un menor cuando está vivo, pero entiende que ahí sí debe haber más límites: “Acepto que existen ciertos derechos de privacidad para los niños que están vivos, y eso necesita una discusión más extensa con expertos en el tema”, dice.

La legislación española

La legislación europea y española ya prevé que las tecnológicas deban dar toda la información personal a los familiares de un fallecido si la piden y tienen la documentación que lo justifique. Pero es un proceso complejo y tedioso que, como en el caso de Jools, poca gente está preparada para iniciar al día siguiente de la muerte de un ser querido.

La búsqueda de cómo pedir esa información sobre un familiar fallecido en las páginas de ayuda de Meta y Tiktok es hoy una pequeña odisea. TikTok ni siquiera lo aclara en su centro de ayuda. Por si fuera poco, en búsquedas repetidas y distintas para encontrar esa información, Google devuelve constantemente varios vídeos de TikTok con el titular: “Habla con su hijo fallecido gracias a la IA”. No es el mejor ánimo para un momento tan grave.

En Meta tienen la petición en inglés, en su página de ayuda en español, y ya advierten de que no les será fácil responder “por culpa del covid”; nadie ha tenido tiempo de cambiar la excusa, aparentemente: “Ten en cuenta que tenemos menos personas disponibles para revisar los informes debido a la pandemia de coronavirus, lo que significa que puede llevarnos más tiempo memorializar o eliminar la cuenta que solicitas”.

La Agencia Española de Protección de Datos puede obligar a pedir esa información a las tecnológicas, pero dice que nunca han recibido un caso así. Es posible que un juez, a instancias de la Policía, haya pedido esa información en algún caso en España, pero la Agencia no tiene constancia. En Francia ha surgido este año un grupo, Algos Victima, para iniciar procesos jurídicos contra TikTok por daños contra menores.

Las grandes tecnológicas tienen pocos incentivos para colaborar si la legislación no les obliga. ¿Para qué van a revelar que han podido tener un papel en la muerte de un adolescente? En 2022 un tribunal ya apuntó a Meta y Pinterest en el caso del suicidio de la joven Molly Russell, también de 14 años. “Las redes se cuidan mucho en salud: pedirán certificados de fallecimiento, libros de familia o el testamento (si es mayor de edad)”, dice Sergio Carrasco, abogado especializado en tecnología. “Si ven algo raro, del departamento legal de la red te dirá que vayas a un juez y haré lo que me diga. Te pedirán mucha justificación”, añade.