La ciudad de Marbella ha heredado alrededor de 30.000 propiedades irregulares que se construyeron al margen de la ley durante la etapa de Jess Gil y sus sucesores al frente del Ayuntamiento marbell, Julin Muoz y Marisol Yage. Sus incautos compradores y en algunos casos, sus herederos, an sufren las consecuencias y no son pocos los que viven angustiados bajo la amenaza del derribo. Mientras, el nuevo Plan General de Ordenacin Urbana (PGOU) trata de encontrar una salida, “partiendo de la realidad existente”, que no lleve al municipio a la bancarrota.

La mayora de los afectados por las viviendas ilegales de Marbella fueron ciudadanos annimos que en algn momento soaron con vivir o veranear en la glamurosa ciudad de la jet set, pero entre los compradores tambin hay algunos rostros conocidos como el del actor malagueo Antonio Banderas o la popular artista sevillana, hoy fallecida, Carmen Sevilla.

La casustica es muy variada y afecta tanto a bloques de viviendas y suntuosas villas como a complejos hoteleros, locales comerciales, garajes e incluso gasolineras. El abanico de irregularidades resulta tambin muy variopinto: exceso de edificabilidad, construccin en zonas destinadas a uso pblico, autorizacin de edificar en zonas no urbanizables, etc. Aunque todas tienen un denominador comn: son ilegales y se edificaron en la Marbella de Gil.

La mayora de estas propiedades se levantaron con licencias otorgadas conforme a dos planes de ordenacin urbanstica, el de 1986 y el de 1998, desarrollados e impulsados por los gobiernos municipales de la poca, ms preocupados por construir y hacer caja que por cumplir la ley. El primero no entr en vigor hasta que se public en el ao 2000, casi tres lustros despus de su redaccin, y el segundo nunca cont con la autorizacin de la Junta de Andaluca. As, gran parte de los permisos de obras que vieron la luz a partir de ellos se consideran nulos, sobre todo los emanados del non nato PGOU de 1998.

Hoy se han convertido en un problema enquistado para la ciudad con una muy difcil pero, sobre todo, carsima solucin para los vecinos de este turstico municipio de la Costa del Sol si se opta por la expropiacin y el derribo. Conscientes de ello, hay muchos marbells que creen que es mejor mirar hacia otro lado y dejar las cosas como estn. El Ayuntamiento, sin embargo, est obligado a actuar.

La realidad es que dcadas despus de su construccin y sin que ninguno de los gobiernos posteriores a Gil, ni del PSOE ni del PP, haya sido capaz de solventar el asunto, la mayora de estas construcciones contina en pie, a pesar de que sobre algunas de ellas pesan sentencias judiciales firmes que ordenan su demolicin. Tal es el caso del edificio Belmonsa -un gigante de doce plantas construido de forma ilegal en suelo destinado a viario pblico y zona verde, justo delante y a una distancia mnima de una vivienda particular-, del complejo Banana Beach, un residencial de ms de 200 viviendas en primera lnea de playa en pleno ncleo urbano, o de las 48 viviendas de la urbanizacin La Loma de Guadalmina Baja, construidas a pie de golf en una ubicacin privilegiada con vistas al mar y a la montaa.

Y aunque la ley es precisa y las sentencias deben cumplirse, los costes son muy altos as que quin le pone el cascabel al gato?

Legalizar las propiedades

La postura del actual equipo de gobierno, a cuyo frente se encuentra la popular ngeles Muoz, es clara: regularizar y no perjudicar a terceros de buena fe. Esto qu quiere decir y en qu se traduce? El consistorio se ha decantado por retrasar los procedimientos judiciales en curso y el cumplimiento de las sentencias, mientras trataba de buscar la manera de normalizar y legalizar estas propiedades y evitar, en la medida de lo posible, la demolicin de unas fincas que, si bien es cierto que se construyeron de manera ilegal, estn ah y sus propietarios -a los que se alude como terceros de buena fe- no tienen culpa de que estas sean el fruto envenenado de la corrupcin y los desmanes que marcaron el desarrollo urbanstico de la Marbella de Gil.

Por otro lado, comentan fuentes cercanas al ejecutivo local consultadas por EL MUNDO, que esta es la nica solucin viable realmente. El volumen de viviendas ilegales que se hicieron en los aos ochenta y noventa es tal, que tirarlas y compensar econmicamente a sus propietarios es prcticamente imposible sin llevar a la ciudad a la quiebra y declarar “fallido” a su Ayuntamiento.

En un informe de 2021, el rea Jurdica del consistorio estimaba que los costes de demoler e indemnizar en algunos procedimientos ya iniciados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA) superaba los 246 millones de euros. Ni las arcas municipales tendran capacidad econmica para afrontar el coste, ni los servicios jurdicos para hacer frente a los mltiples litigios que vendran a continuacin.

La casa de Banderas

Entre estos terceros de buena fe, como se refiere la justicia a los propietarios que sin saberlo se hicieron con viviendas y bienes construidos al margen del planeamiento urbanstico en los aos dorados de Gil, est Antonio Banderas. El actor compr a los herederos de la locutora de radio Encarna Snchez La Gaviota, la casa que la periodista tena en Los Monteros, una exclusiva urbanizacin a la entrada de Marbella.

La falta de licencia de la vivienda, construida en 1995 sobre una parcela destinada a equipamiento sanitario y ocupando parte del dominio pblico martimo, se convirti en un quebradero de cabeza para el actor prcticamente desde el principio.

Una sentencia del TSJA de 2003 dejaba sin efecto el permiso municipal de obras y le obligaba a restituir el espacio a la normalidad previa a la construccin. Comenz una compleja batalla que lo ha llevado a pleitear durante aos con la Justicia y que termin hace un ao y medio con la aprobacin del nuevo PGOU. El pasado julio, se conoci que el actor haba derribado su mansin al completo para construir una nueva.

Los herederos de Carmen Sevilla tambin se encontraron con que el tico con vistas al mar que tena la artista en Marbella, ciudad a la que era asidua y a la que haba acudido en ms de una ocasin como pregonera, no tena los papeles en regla y era, a todas luces, ilegal.