El fiscal jefe de Cdiz, ngel Nez, es experto en delitos urbansticos en una de las provincias espaolas ms afectadas por este fenmeno, sobre todo en el litoral. Durante aos, ha sido fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histrico y tambin coordinador de la red de fiscales de medio ambiente de Andaluca. Desde esos puestos, ha sido testigo de la evolucin de las edificaciones ilegales de los ltimos aos, primero como segundas residencias y ltimamente tambin para dedicarlas al alquiler turstico. Una de las batallas que est librando ahora la Fiscala es que se incauten las viviendas ilegales: “En ningn delito, al delincuente se le permite quedarse con lo que roba”, advierte.

Tras el escndalo que supuso el urbanismo salvaje de la poca de Jess Gil en Marbella, da la sensacin de que, pasados los aos, la proliferacin de viviendas ilegales sigue imparable.

Son dos fenmenos distintos. Ese urbanismo salvaje de Marbella, en la etapa de Gil, era promovido desde instancias pblicas y oficiales del Ayuntamiento y, ahora, se trata de un fenmeno ms complejo, en el que la construccin ilegal la realizan particulares, que profesionalmente o individualmente se dedican a esto. La creacin de la inspeccin urbanstica por parte de la Junta de Andaluca fue un hito importante y, en la actualidad, la percepcin que tenemos es que los controles estn bastante bien. Otra cosa es el problema de la carencia de medios. Y, por otra parte, la poca colaboracin que encontramos en los ayuntamientos para la ejecucin de las sentencias que acuerdan la demolicin.

Hay ayuntamientos que dejan hacer a sus vecinos. Se podra actuar penalmente contra los alcaldes o los concejales de urbanismo por estos hechos?

Evidentemente. Hay figuras legales que nos permiten actuar y, de hecho, lo hemos hecho, tanto por la va de la desobediencia, porque en muchas ocasiones se desatienden las rdenes judiciales que ordenan la demolicin, como con la va de la omisin del deber de perseguir delitos. Y tambin a travs del delito de la prevaricacin. Son tres figuras que nos han servido para actuar y puedo augurar que en el futuro vamos a seguir hacindolo.

En qu situacin est ahora la construccin de vivienda ilegal en Cdiz?

Hubo una cierta desaceleracin, primero como consecuencia de la crisis econmica. Tambin hubo un parn, lgicamente, con la pandemia y el confinamiento. Ahora mismo, hay un incremento de las cifras, incluso en mbitos donde, hasta ahora, no haba este tipo de conductas, que habitualmente se concentran en la zona del litoral. Ahora, lo estamos encontrando tambin en espacios del interior.

Me imagino que la mayor proliferacin de construcciones ilegales en Cdiz se concentrar, sobre todo, en la costa: El Palmar, Chiclana…

Bueno, tambin en la zona de Sanlcar de Barrameda, efectivamente El Palmar, Chiclana… Una zona muy caliente es tambin la del Campo de Gibraltar, donde proliferan las narcourbanizaciones, esas que se construyen de forma ilegal vinculadas a los fondos provenientes del trfico de drogas.

Recientemente, se paraliz una macrourbanizacin ilegal en La Lnea de la Concepcin y se precintaron ms de un centenar de parcelas. Qu pasos sern los siguientes?

Esos procesos de urbanizacin ilegal comienzan por una parcelacin ilegal en suelo no urbanizable, que es algo irregular, pero el delito surge cuando se construye. Por lo tanto, en esa primera fase, todava no puede intervenir el Ministerio Fiscal. Pero, verdaderamente, ese es el momento clave: cuando se produce la parcelacin ilegal, porque comienzan las ventas y las operaciones de preparacin de las construcciones y las edificaciones. Es fundamental la adopcin temprana de medidas cautelares. Llegar al final del proceso y regularizar lo ilegalmente construido, como nos ha ocurrido en los ltimos aos, supone un reconocimiento absoluto de la derrota del Derecho frente a las conductas ilegales.

Intervenir, por tanto, como se ha hecho en esta macrourbanizacin es casi actuar de forma preventiva para evitar que se construyan las casas ilegales.

Efectivamente, lo que sucede es que el control de la eficacia de las medidas cautelares es complejo. No se puede dejar a policas o inspectores en cada una de las parcelas sobre las que se ha establecido un precinto. Lamentablemente, con frecuencia se quebrantan ese tipo de ese tipo de medidas.

Antes, sobre todo en los aos 70 y 80, las viviendas ilegales eran segundas residencias. Ahora, ya se edifican para alquilarlas con fines tursticos.

Efectivamente, cada vez se detecta ms esa problemtica. Por eso, sorprende que cuando se trata de instar las ejecuciones de las sentencias, determinados ayuntamientos se ponen de perfil o incluso hacen pronunciamientos en contra de que se lleve a cabo la demolicin. Tenga en cuenta que cuando se producen esos procesos de regularizacin, como adems los que construyeron ilegalmente se niegan a pagar los costes de la regularizacin, son todos los ciudadanos que no han hecho ninguna conducta ilcita los que acaban pagando la urbanizacin de los terrenos ilegales.

Claro, porque se regulariza con dinero pblico.

Evidentemente. Adems, en algn momento, los que han construido de manera ilegal se han organizado en grupos de presin e incluso han llegado a obtener concejalas en determinados ayuntamientos.

Dnde ha pasado eso?

En algunas poblaciones de Cdiz, pero vamos a dejarlo ah.

Qu ocurri para que en Cdiz colapsaran juzgados por la avalancha de delitos contra la ordenacin del territorio, como recoge la memoria de la Fiscala?

No es exactamente as. El problema es que en Cdiz tenemos determinados juzgados que estn absolutamente colapsados, no solo por los delitos contra la ordenacin del territorio, sino por los relacionados con el narcotrfico. Sucede que los lugares donde hay ms delitos contra el urbanismo son aquellos que tienen los juzgados ms colapsados. Hablo de Chiclana, Barbate, Sanlcar de Barrameda… En muchas ocasiones, hemos presentado denuncias y han prescrito sin que se llegue a hacer nada. Los procedimientos se eternizan y, claro, todo eso acaba convirtindose en un efecto llamada porque se extiende una especie de percepcin de impunidad en relacin con estas conductas.

Ser un tanto desalentador porque se pilla al infractor, pero no le ocurre nada.

Mire, construir ilegalmente es sencillo porque lo hacen personas que estn dedicadas a estas tareas. Se hace, evidentemente, sin obtener ningn tipo de licencia, sin proyectos de edificacin. Se hace a las bravas. Pero derribar una vivienda ilegalmente construida? Eso exige licencia de demolicin, proyectos, la intervencin de tcnicos… y es muy caro. A veces es casi ms caro llevar a cabo la demolicin legalmente que la construccin ilegal.

Hay riesgo de que prescriban y se consoliden las viviendas ilegales y ya no haya forma de demolerlas?

Claro. Es que cuando se consolidan esos ncleos de poblacin, se opta por los procesos de regularizacin. Tenga en cuenta que acaban convirtindose en grupos de presin y que la administracin a la que le compete ejecutar la disciplina urbanstica, que son los ayuntamientos, tambin dependen del voto de esas personas para repetir en los puestos de los ayuntamientos.

Es complicado porque para el ayuntamiento es costoso embarcarse en las demoliciones y, a la vez, tiene a medio pueblo en contra.

Claro. Nosotros venimos reclamando ya desde hace mucho tiempo, como una medida complementaria, el decomiso de la ganancia procedente del delito. En este caso, es la propia edificacin. En ningn delito, al delincuente se le permite quedarse con lo que roba. Si se le coge robando, se le quita. Por qu el que construye una casa ilegal se queda con ella? En el caso de las construcciones ilegales, nos encontramos con personas condenadas que se quedan con el fruto de su delito, que es la construccin ilegal, que afecta a un espacio que, en muchos casos, tiene valores naturales protegidos.

La Fiscala pide el decomiso de la vivienda ilegal, pero los jueces lo rechazan?

Bueno, estamos encontrando dificultades. Ocurri en su da con la demolicin. Inicialmente, era muy raro encontrar sentencias que acordaran la demolicin. Tuvo que ser el Tribunal Supremo, en un grupo de sentencias, el que abri el camino. Y eso llev a que los tribunales inferiores, fundamentalmente las audiencias provinciales, la acordaran. Y, ahora, una de las batallas, uno de los aspectos en los que estamos ms centrados es, efectivamente, en lograr el decomiso de las viviendas ilegales.

Esta media podra frenar este tipo de delitos?

As es. Si el delito no es rentable econmicamente, no se comete o se comete muy poco. Una de las razones de que haya tantos delitos urbansticos es que resulta rentable.

La nueva ley urbanstica de Andaluca, la Ley 7/21, conocida como la LISTA, ha “incrementado exponencialmente” las denuncias de la inspeccin en la Fiscala, como alerta en su memoria la Fiscala de Crdoba. Es un buen instrumento esta ley?

Bueno, eso que dice la Fiscala de Crdoba tambin lo mantiene la de Cdiz. La creacin en su da de la inspeccin urbanstica de Andaluca, que no la cre en la LISTA, sino la anterior ley, ha sido til. Adems, la LISTA es un buen instrumento. La inspeccin ha mantenido siempre una colaboracin absoluta con el Ministerio Fiscal. Lo que ocurre es que cuentan con los medios que cuentan, claro, y muchas veces se ven tambin desbordados frente a este fenmeno. Con la Junta siempre hemos tenido un buen grado de colaboracin. El principal problema lo tenamos y lo tenemos con los ayuntamientos.

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