La ministra de Defensa, Margarita Robles, en su primera comparecencia en seis aos ante la Comisin Mixta de Seguridad Nacional, ha asegurado que en los mviles de los miembros del Gobierno infectados con el software Pegasus no haba ningn dato clasificado que pudiera comprometer la seguridad nacional. Robles ha afirmado que, en este aspecto, “la accin y la transparencia del Ejecutivo ha sido completa” y ha insistido en no haber tenido “ningn conocimiento que vincule estas infecciones con alguna quiebra de la seguridad ” del pas. “Nada se ha visto comprometido”, ha recalcado.

“No hay constancia alguna conocida de que los telfonos mviles infectados contuvieran informacin secreta o reservada, por eso la seguridad nacional no se ha visto afectada aunque s la intimidad de los miembros del Gobierno. Esto ltimo es lo que hizo que el Ejecutivo acudiera al juzgado”, ha explicado antes de remachar que “la informacin analizada por el Centro Criptolgico Nacional no ha encontrado evidencias de informacin clasificada secreta o reservada”.

Segn Robles, el Gobierno lo llev al juzgado porque entendi que “se haban cometido hechos delictivos atentando contra la integridad de nuestras instituciones”. “Nosotros”, ha dicho, “somos los primeros interesados en saber quin ha estado detrs de estas infecciones y seguiremos colaborando para que se sepa de forma debidamente probada quien est detrs de esto”.

Desde el PP se ha recordado que Pegasus es un software que slo compran los Estados y ha incidido en que el Gobierno slo present las denuncias sobre el hackeo un ao despus de que el Gobierno tuviera conocimiento del mismo. “Del telfono de Snchez se hackearon tres gigas”, algo que segn el diputado Rafael Hernando, implica mucho ms que slo datos de la vida personal. El diputado del PP ha pedido a Robles que “no tome el pelo” y le ha reprochado que se tomara por “cabeza de turco” a la ex directora del CNI, Paz Esteban, a la que el Gobierno hizo dimitir. Hernando tambin ha asegurado que la colaboracin del Gobierno con el juez que investiga el caso, a diferencia del Ejecutivo francs, “ha sido nula”.

El PSOE ha defendido la intervencin de Robles dando por demostrado que en los mviles infectados de los miembros del Gobierno no haba ningn dato comprometedor y ha acusado al PP de confundir al agredido con el agresor. “Ustedes deberan estar de lado del agredido”, ha dicho su diputado Rodrguez Palacios.

Robles tambin ha explicado que su trabajo se ha centrado en la defensa de la sociedad espaola y la Constitucin; la consolidacin de la paz en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por Espaa concibiendo que la poltica de Defensa es una poltica de Estado que debe abordarse con dilogo.

En este punto, el PP le ha reprochado que ese dilogo en relacin con la poltica exterior y de defensa no se ha producido nunca con el primer partido de la oposicin. “Ms bien su poltica es la de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como”, ha afirmado Hernando quien tambin, esgrimiendo la amnista que decidi impulsar Pedro Snchez tras las elecciones del 23-J, ha cuestionado la defensa de la Carta Magna a la que se ha referido la ministra .

El diputado popular ha puesto en cuestin, adems, la poltica migratoria del Gobierno que carece de “propsito” y de cualquier tipo de medida de “integracin”. Tambin se ha referido al “espectculo bochornoso” en relacin con los dos buques que, segn los socios minoritarios del Ejecutivo, transportaban armas a Israel. Hernando le ha reprochado a Robles su “silencio” al respecto.

La ministra de Defensa ha instado al PP a “no mentar el nombre de la Constitucin en vano” y ha asegurado no saber si adems de a Estados, la compaa que fabrica el software Pegasus se lo vende tambin a grupos o asociaciones. Robles ha pedido “respeto” para Pedro Snchez y ha acusado a los populares de hacer “chanzas y descalificaciones” sobre l.

Marruecos e Israel, el caballo de Troya

Por parte de Sumar, el partido socio minoritario del Gobierno, se ha acusado a “la derecha y a la ultraderecha” de querer “elevar sospechas y jalear los insultos de Milei contra el presidente del Gobierno”. No obstante, en relacin con el caso Pegasus su representante, Alonso Cantorn, ha insistido en que “no se puede confiar en el Gobierno de Israel que es capaz de cometer un genocidio”. Su diputado ha acusado directamente al Ejecutivo israel de ser el autor del espionaje a los mviles del presidente y de los ministros y se ha preguntado si Pegasus “no es el caballo de Troya de Israel y de Marruecos” contra el Gobierno de Espaa. A estas cuestiones, la ministra ha replicado que antes de sealar, la autora del caso debe estar “suficientemente acreditada”.

Junts se ha referido al “centenar de personas” que tambin han visto sus dispositivos mviles infectados por Pegasus y ha preguntado a la ministra si tambin est interesada en estos casos y si puede garantizar que nunca se ha utilizado por parte del CNI el software espa en contra del independentismo. En este punto, Robles ha recalcado que el espionaje a 18 personas relacionadas con el movimiento secesionista estuvo amparado y autorizado por el juez.

Bildu ha calificado el asunto Pegasus como “uno de los ms graves” que se ha producido en dcadas. Para su diputado Jon Iarritu tambin es curioso que el espionaje a los telfonos del Gobierno slo se diera a conocer cuando estall el escndalo de la infeccin de los mviles de personas relacionadas con el independentismo. “Sorprende que ustedes durante meses no hicieran nada”, ha afirmado, antes de reprochar al Gobierno no haber apoyado al juez que instruye el caso. Iarritu ha puesto en duda la afirmacin de Robles de que en los telfonos del presidente y los ministros no hubiera informacin clasificada. Para Bildu, igual que para Sumar, Marruecos est detrs de este espionaje y el Gobierno tiene inters en no querer abordarlo.

Mikel Legarda, en nombre del PNV, ha recordado a Robles el bloqueo que mantiene el Gobierno sobre sus proposiciones de ley en relacin con el CNI y los secretos oficiales. Sobre el caso Pegasus, los nacionalistas vascos tambin “ponen en duda” la afirmacin de la ministra de que el hackeo a los telfonos del Gobierno no compromete la seguridad nacional. “El mero hecho de poder acceder a esos dispositivos ya es un riesgo”, ha sentenciado Legarda.