Autonomías gobernadas por el PP han considerado este miércoles “insuficiente” el programa del Gobierno para dar más estabilización y rejuvenecer las plantillas de los campus públicos. Por este plan el Ministerio de Ciencia y Universidades se ofrece a financiar la incorporación de 3.400 profesores ayudantes doctores, pero las otras aproximadamente 800 plazas que hacen falta para cumplir los objetivos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) deben ser costeadas por los gobiernos autonómicos.

Regiones como Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid, Extremadura,La Rioja, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Cantabria consideran que la oferta es “una falta de respeto” a las autonomías porque “se ha hecho sin contar” con ellas y “siguiendo la máxima del yo invito y tú pagas“.

Por eso, durante el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria celebrado esta mañana, han pedido a la ministra, Diana Morant, volver al grupo de trabajo que se había creado entre el Gobierno, las CCAA y los sindicatos con el fin de poder seguir negociando y llegar a un término medio, y han reclamado que el Estado financie la totalidad de las plazas.

“Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero no aceptaremos imposiciones tomadas de forma unilateral. Este asunto debe volver al grupo de trabajo para seguir concretando quién y cómo se paga y que nos den seguridad de que hay dinero aunque no haya Presupuestos Generales del Estado. Quedan muchos detalles por concretar. Queremos detalles del programa y de los convenios. No sólo una tabla de cantidades que no sabemos bien de dónde salen”, expresa el consejero andaluz, José Carlos Gómez Villamandos, que dice que ya en 2021 advirtieron de que la Losu iba a suponer un “agujero” económico para las administraciones públicas.

“El Ministerio está jugando a un trilerismo claro. Primero dijo que financiaba un tercio, después dos tercios y luego se reunió con la CRUE a espaldas de las CCAA”, ha dicho el conseller valenciano, José Antonio Rovira, que ha reclamado que el Ministerio financie el 100% de las incorporaciones.

Tras retrasar el Ministerio la puesta en marcha de la estabilización de los profesores prevista en la Losu -la ley decía que tenía que hacerse antes del 31 de diciembre de 2024, pero no ha quedado otra que ampliar el plazo hasta el curso 2026/2027 porque no les daba tiempo a los campus-, ahora el Gobierno y las CCAA no se ponen de acuerdo sobre quién va a pagar esas miles de nuevas plazas.

El Gobierno se ha comprometido a financiar con 150 millones de euros anuales un total de 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores en los próximos seis años, lo que supone un conjunto de 900 millones de euros. Pero las autonomías deben financiar la incorporación de los profesores restantes hasta cumplir los objetivos de la Losu.

La última estimación es que harían falta alrededor de 4.200 plazas en total, de las cuales 3.400 las pagaría el Gobierno y aproximadamente 800 las costearían las autonomías durante los seis primeros años. Después, todo lo tendrían que financiar los gobiernos regionales. Las autonomías quieren que el Gobierno se encargue del 100% de las plazas, toda vez que ellos tendrán que asumir todo el coste de las mismas pasados los seis años.

La ministra Morant ha defendido en rueda de prensa que “mientras que en la temporalidad en España es del 12,7%, la de las universidades es del 50% porque durante la crisis se pusieron unas medidas que impedían reponer a un profesor por otro, lo que hizo que las universidades no tuvieran la capacidad de hacer la entrada adecuada a generaciones y generaciones de profesores e investigadores, que no tuvieron la posibilidad de estabilizarse como debería haber sido”. Es el caso del falso asociado o el falso sustituto, formas de contratación que la Losu prevé erradicar. La Losu prevé reducir la temporalidad al 8%.

También ha recordado la ministra que “es competencia del Gobierno la legislación y es competencia de las CCAA la financiación de las universidades”. “El Gobierno hace un esfuerzo inédito, nunca antes había planteado un programa de este tipo en el que vamos a sufragar los costes laborales de personal docente y universitario no siendo nuestra competencia”, ha recalcado.

Y ha advertido que el Gobierno no pondrá dinero a las universidades si las CCAA no son “corresponsables” y financian plazas también. “Nosotros entramos con nuestras plazas y ellos tienen que sufragar el resto de necesidades de las universidades públicas”, ha recalcado. Si no lo hacen, ha avisado, “será una dejación de funciones y una rebelión a la ley”.

34 años pagando

Juan María Vázquez, consejero de Murcia, señala que esas plazas de profesores ayudantes doctores se financiarán desde las CCAA durante 34 años más de media”, ya que los gobiernos regionales asumirán el resto del cómputo salarial total pasados los seis años.

“Eso supondría tan sólo el 10% del coste total del incremento de plantilla”, señalan fuentes de la consejería de Extremadura, que va a trasladar una queja a la ministra Morant por “la forma en que está actuando el Ministerio, al margen del grupo de trabajo de las comunidades autónomas”:

También Madrid ha enviado a Morant una carta en la que igualmente muestra su “disconformidad por la forma de proceder” y la acusa de “usar el grupo de trabajo para blanquear su autoritarismo y arbitrariedad ante la opinión pública”.

“Somos nosotros los que tenemos que asumir el coste de lo que ellos prometen”, se quejan en Galicia, que recuerdan que el Gobierno central “no tiene aprobado, ni tampoco previsión de hacerlo, un presupuesto para asumir en 2024 el coste que dice que va a asumir”.

Asturias, ha respaldado la propuesta del Ministerio para estabilizar las plantillas y convertir esos falsos asociados y falsos sustitutos en figuras estables. Fuentes de la consejería asturiana, del PSOE, dicen que “desde el Principiado sí se va a participar en lo que sea necesario”, cofinanciando la incorporación de profesores. Explican que el año pasado aprobaron un contrato programa con la Universidad de Oviedo de 1.000 millones de euros en 10 años, no sólo para gastos de profesorado sino para otras partidas, que les permitirá abordar el pago de los salarios pasados los seis años iniciales.

“De momento, nuestro posicionamiento se ciñe al establecimiento de un convenio bilateral entre ambas administraciones en reconocimiento a las competencias exclusivas de Cataluña en materia de docencia universitaria. A partir de aquí, ya se concretarán otras cuestiones relacionadas con este plan. Por tanto, no entramos, de momento, a valorar el tema de la financiación”, señalan fuentes del Departamento de Universidades de Cataluña.

¿Cuánto supondrá esta medida para las comunidades autónomas?

Las regiones han comenzado a hacer cálculos sobre cuánto les va a suponer esta medida. En Aragón, que va a estudiar la propuesta del Ministerio, estiman que la Losu les va a suponer un coste de 4,7 millones de euros más al año cuando “las transferencias del Estado a los campus sólo suponen un 5,7% de los ingresos de las universidades”. La propuesta pasaría por financiar en torno al 70% de los nuevos ayudantes doctores.

En La Rioja opinan que las cifras de la financiación que propone el Ministerio “son ridículas”: “Se trata de una infrafinanciación que supondrá una partida del Ministerio de 140.000 euros, cuando la Universidad de La Rioja estima el coste de implantación en 1,4 millones de euros al año”.

Cantabria, por su parte, considera que el incremento de la plantilla supone 48 plazas más y 2,4 millones de euros anuales, que van a costear mediante un contrato programa con carácter indefinido pasados esos seis años.

La Comunidad Valenciana dice que le corresponden cerca de 700 plazas, lo que representa 29,3 millones de euros cada año.