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La magistrada incorpora a la Intervencin General del Estado a la larga lista de organismos que ya participan en la investigacin para que examine los contratos bajo sospecha
La juez que investiga el caso Mediador ha ampliado los delitos que podra haber cometido la presunta trama corrupta en torno al ex diputado del PSOE Bernardo Fuentes Curbelo. Al mismo tiempo, la magistrada incorpora a la Intervencin General del Estado (IGAE) a la larga lista de organismos que ya participan en la investigacin, en este caso para que examine la correccin de los contratos bajo sospecha.
En una resolucin fechada este martes, la magistrada ampla la autorizacin para que el Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de Hacienda) pueda tambin investigar todos esos delitos, no solo los de cohecho y trfico de influencias que inicialmente haba indicado.
La titular del juzgado nmero 4 de Tenerife incluye en su autorizacin otros delitos que ya haban aparecido en el sumario, como malversacin, blanqueo, pertenencia a una organizacin criminal y prevaricacin. Pero a esos aade ahora los de estafa, falsedad, revelacin de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Se investiga inicialmente, dice la juez, la presunta comisin de delitos de cohecho y trfico de influencias de un grupo de personas en un entorno muy delimitado, tales como empresarios y cargos pblicos con uso de partidas presupuestarias, si bien el resultado de las diligencias de investigacin han puesto de manifiesto otros delitos pblicos como la falsedad o estafa, y en su mayora, otros relacionados con la corrupcin y sin perjuicio de ulterior calificacin, as como los cometidos por funcionarios o cargos pblicos en el ejercicio de sus funciones.
Explica que la ampliacin de posibles delitos es resultado del avance de la causa tras un ao de investigacin. Tambin, que es necesario analizar nueva documentacin que mientras la causa estuvo secreta no se poda reclamar para no alertar a los investigados.
Entre esta documentacin estn los expedientes sobre subvenciones en el mbito de la agricultura y ganadera, contrataciones en ese mbito o inspecciones del Seprona junto con sus actas.
Esa abundante documentacin, unida a su gran complejidad lleva a la juez a acordar igualmente que se incorpore a la investigacin la Intervencin General del Estado (IGAE). Se trata del organismo independiente y especialista encargado de comprobar la regularidad de las contrataciones pblicas, subvenciones y expedientes en general que la trama podra haber alterado.
Los peritos de la IGAE que se designen se encargarn de elaborar los informes tcnicos que se aporten a la causa sobre esas materias.
La Intervencin General se suma de esta forma a unas diligencias en las que ya participan numerosos organismos. Este es uno de los motivos que han llevado a la magistrada Mara de los ngeles Lorenzo-Cceres a pedir al Poder Judicial un juez de refuerzo.
En el procedimiento acta desde el inicio la Polica Nacional, a travs del grupo de Delitos Tecnolgicos, y la Guardia Civil, a travs del Servicio de Asuntos Internos. A eso la juez ha sumado a la Udef, especializada en delitos financieros, y al Servicio de Vigilancia Aduanera.
Tambin ha contactado, por la rama de fondos europeos que contiene la causa, con la Fiscala Europea y Eurojust. La juez ha pedido ayuda a la Justicia belga, a travs de una Orden Europea de Investigacin, para que ofrezca informacin sobre el patrimonio del general Francisco Espinosa. Las gestiones alcanzan a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
La peticin de colaboracin en las diligencias ha alcanzado igualmente a la Comisin Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC), tambin para el examen de las licitaciones investigadas.
La magistrada alega la proliferacin de investigadores para justificar su peticin al CGPJ de que asigne temporalmente al juzgado un juez y un funcionario. Toda vez que son casi a diario las reuniones de coordinacin que se mantienen con los grupos investigadores (presenciales o telemticas), dice, aadiendo que debe mantener conversaciones telefnicas de larga duracin con los investigadores europeos.
Sobre las reuniones, precisa que ahora se han incrementado, al no poder despachar oficios ante las continuas filtraciones sobre la causa. A eso se suma que han pedido la personacin siete acusaciones populares, a las que ha indicado que deben actuar de forma conjunta y que ya han interpuesto los primeros siete recursos.
Pese a tanta complicacin, la magistrada afirma que su intencin es concluir la fase de investigacin de la causa a lo largo del ao 2023.
Junto al ex diputado del PSOE estn imputados su sobrino y ex cargo en el gobierno canario, Taishet Fuentes; y Marco Antonio Navarro Tacoronte (el mediador que da nombra al caso), representado ahora por el letrado Rachid Mohamed. Otro de los investigados es el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas, que qued el jueves en libertad por decisin del juez de la Audiencia Nacional Jos Luis Calama. El grueso de la investigacin en torno a Espinosa lo lleva la Fiscala Europea, ya que podra afectar a fondos europeos con los que habra favorecido a un empresario. En contra del criterio de los dos fiscales europeos asignados al caso, que pidieron prolongar la prisin, el juez ha estimado los argumentos de la defensa de que no hay riesgo de fuga ni de que se entorpezca la investigacin.
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