El ministro de Transportes, scar Puente, ha acusado este lunes al Tribunal Supremo de “extralimitarse” en la aplicacin de la Ley de Amnista, al negarse a aplicar la medida de gracia al delito de malversacin.

En una entrevista en RNE, Puente ha afirmado que lo que deben hacer los jueces es aplicar el texto legal ntegramente. “Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla diciendo, por ejemplo, que ha habido malversacin porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaa de la independencia o el referndum ilegal”, ha afirmado el dirigente socialista.

“Es que no hay por donde agarrar esa interpretacin”, ha aadido, anticipando que “hay tribunales en Espaa que se pronunciarn sobre esto”, aludiendo al Tribunal Constitucional, que acabar revisando la postura del Supremo. “El Gobierno ha hecho lo que poda y lo que deba y ahora lo que le toca a la judicatura es hacer lo que le corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo sobre todo a su tenor literal”

A su parecer, los jueces que realizan estas interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnista “lo nico que van a conseguir” es “retrasar la implantacin y la implementacin” de una norma que “debera haber puesto punto y final a la cuestin judicial que se haba suscitado en relacin con los hechos de octubre del ao 2017”.

La negativa del Supremo a amnistiar la malversacin del procs ha sido doble. Tanto el tribunal que juzg el 1-O como el juez instructor Pablo Llarena han considerado que ese delito no encaja en la redaccin que finalmente se dio a la Ley de Amnista. El motivo es que los impulsores de la independencia emplearon para sus propsitos un dinero pblico que de otra forma habran tenido que poner de su bolsillo, lo que supone un enriquecimiento.

Eso ha supuesto, entre otras cosas, que siga vigente la orden nacional de detencin contra Carles Puigdemont, pendiente de ser juzgado por ese delito. Esa fue la orden que no se ejecut la semana pasada en la fugaz aparicin del ex president en Barcelona, algo sobre lo que Llarena ya ha pedido explicaciones.